La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reactivó el proceso seguido al diputado del circuito 8-9, de Cambio Democrático (CD), Vidal García, por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), según informaron fuentes judiciales.
Se trata del caso relacionado con la compra-venta de granos a través de dineros del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), -hoy Dirección de Asistencia Social (DAS)- en la que se menciona a García, entre otros diputados.
El fiscal a cargo del proceso es el magistrado José Ayú Prado, quien hace dos años, mediante un comunicado del Órgano Judicial, informó que había archivado este proceso contra Vidal porque no se había podido reunir “elementos de convicción idóneos que acrediten un hecho con apariencia punible”.
Ayú Prado fundamentó su decisión en el artículo 275 del Código Procesal Penal, que dice: “El fiscal puede disponer el archivo del caso, motivando las razones, si no ha podido individualizar al autor o partícipe o es manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción. En este caso, se podrá reabrir la investigación si con posterioridad surgen elementos que permitan identificar a los autores o partícipes”.
Por tanto, Ayú Prado solicitó la ampliación de una auditoría practicada por la Contraloría General de la República con relación a este proceso.
El informe de auditoría de la Contraloría reveló una presunta lesión patrimonial de $12.3 millones en la investigación por la compra de granos al PAN.
El expediente fue enviado a la Corte luego de que en el proceso que investigó la Fiscalía Primera Anticorrupción se mencionó a los diputados García y Sergio Chello Gálvez, también de CD, en este caso.
Los diputados Gálvez y García fueron investigados por supuestamente gestionar de formar irregular, la compra de granos.
En el caso de García, la empresaria Mara del Carmen Vergara, de Suplidora Edimar, S.A., declaró que le entregaba un porcentaje del dinero cobrado tanto a García como a Gálvez.
Vergara declaró que les vendió empaques de arroz de 20 libras marca Arrossísimo a los diputados. La empresaria aseguró que en todos los contratos gestionados con diputados, se le daba a estos un porcentaje del dinero cobrado.
Mientras que el exjefe del PAN Rafael Guardia Jaén sostuvo que la empresa Constructora Botsa habría obtenido tres contratos para el suministro de bolsas de arroz en el circuito 8-7 de la capital a solicitud del diputado Gálvez. Guardia Jaén también reveló que existen tres notas firmadas en las que Gálvez le pidió la compra de arroz.
El exfuncionario, quien goza de impedimento de salida del país por los procesos que se le abrieron, señaló que adjudicó los contratos por instrucciones de Adolfo Chichi De Obarrio, entonces secretario del exmandatario Ricardo Martinelli.