El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, que buscaba dejar sin efecto una resolución del magistrado fiscal Oydén Ortega, en la que ordenó elaborar un informe contable de las cuentas del exmandatario en la investigación por la supuesta comisión del delito de peculado en el contrato para la compra de comida deshidratada, por $44.9 millones, a través del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Bajo la ponencia de la magistrada Ángela Russo, el pleno rechazó, en un fallo del pasado 21 de diciembre, los argumentos de la defensa de Martinelli, que alegó que la resolución de Ortega viola los artículos 29 y 32 de la Constitución que garantizan el debido proceso y la inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados.
Además, la defensa también alegó que, por tratarse de un acto de la investigación hecha por el fiscal y por su naturaleza, debió ser sometida a una audiencia de control del juez de garantías.
No obstante, los magistrados de la Corte, al rechazar los argumentos de la defensa de Martinelli, señalan que en este no se agotaron los medios o trámites que el sistema penal acusatorio (SPA) tiene previsto para cuestionar o controlar la legalidad de determinados actos de investigación.
Igualmente, explican que en esta ocasión la defensa del expresidente no se valió de los medios que le ofrece el SPA para objetar la resolución expedida por el fiscal a cargo de la investigación.
Por otra parte, recalcan que la defensa no ha presentado argumentos relevantes y, además, no ha agotado previamente los mecanismos legales que establece el SPA para estos casos.
A Martinelli se le investiga porque supuestamente ordenó entregar a la empresa Lerkshore International Limited, propiedad de Rubén De Ycaza, un contrato para el suministro de comida deshidratada a las escuelas públicas del país por un monto de $44.9 millones a través del PAN.