Un día después de que se dio a conocer la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la responsabilidad de Estados Unidos en la invasión a Panamá, Gilma Camargo, la abogada que llevó el caso al sistema interamericano, dijo que el pronunciamiento representa “una oportunidad para el pueblo panameño, y para otros pueblos, de poder defenderse de agresiones ilegales de países más poderosos”.
Las repercusiones de esta decisión, afirmó Camargo, son grandes, y no se comprenden todavía. “Este es un caso sumamente histórico,” manifestó, y explicó que el informe de fondo está “lleno de nuevos precedentes y de ampliaciones y fortalecimientos” sobre aspectos del derecho, que entrarán en efecto cuando sean interpretados por expertos. “Esto lo hicimos solos. Sin ayuda de ningún gobierno”, narró.
Gilma Camargo, abogada que representa a los 272 panameños que testificaron ante la CIDH.
Horas después de que fuera divulgado el informe de la CIDH, la embajada estadounidense en Panamá reaccionó. Recordó que en el pasado dio $420 millones en Fondos de Apoyo Económico para reemplazar viviendas y para subsidios a los hogares en el corregimiento de El Chorrillo, una de las zonas más afectadas con la acción militar. También manifestó que apoya “completamente” a la Comisión del 20 de Diciembre de Panamá que investigará los eventos que rodearon la invasión.
“Los panameños tienen derecho de conocer su historia, por lo cual estamos trabajando para regresar los documentos retenidos durante la Operación Causa Justa. Estamos interesados en ver esos documentos en manos panameñas”, expresó la embajada.
Sobre la posición de Estados Unidos, Camargo adujo que los $420 millones a los que se refiere, “no cuentan para nada” en el marco del derecho internacional, ya que no son coherentes con las recomendaciones de la CIDH, que dará seguimiento para que se cumplan.
La CIDH solicita a Estados Unidos que remunere económicamente a los panameños afectados por la intervención militar del 20 de diciembre de 1989; pidió que se les dé tratamiento médico y psicológico, y que investigue en forma “exhaustiva” los sucesos.
Expertos en el sistema interamericano observaron que Estados Unidos no es miembro de la CIDH, pero sí forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que debería acatar la decisión.