ANÁLISIS

Defensa de Martinelli pretende cambiar ponente en casación

Defensa de Martinelli pretende cambiar ponente en casación
Defensa de Martinelli pretende cambiar ponente en casación

El abogado Carlos Carrillo –defensor del expresidente Ricardo Martinelli–, envió una carta a los magistrados de la Sala Penal la Corte Suprema de Justicia, en la que les pidió dejar sin efecto la decisión del magistrado Harry Díaz de declinar en favor de su suplente, Wilfredo Sáenz, el recurso de casación del proceso de los pinchazos.

En su nota, Carrillo enumera 15 hechos que considera justifican que Sáenz no sea el ponente del recurso, porque esencialmente ya conoció el caso en su fase inicial ante la propia Corte.

De prosperar la iniciativa de Carrillo, el proceso de casación se podría retrasar semanas o meses, dando la posibilidad de que los nuevos magistrados que debe designar el presidente Laurentino Cortizo en el máximo tribunal emitan los votos cruciales para la casación penal de la sentencia que declaró “no culpable” al exgobernante Martinelli el pasado 26 de agosto.

¿Cuándo un magistrado de la Corte puede ser juez?

La práctica del derecho está basada en la lógica y en el rechazo a lo absurdo.

Lo anterior debe ser tomado en cuenta para entender la más reciente etapa del caso de los pinchazos, que nuevamente arriba a la Corte Suprema de Justicia en vistas del recurso de casación interpuesto contra la decisión del Tribunal de Juicio del pasado 26 de agosto, que declaró al expresidente de la República y exdiputado del Parlacen Ricardo Martinelli como “no culpable”.

La casación es un recurso que tiene por objeto sanear una decisión judicial de un tribunal inferior. En el caso de la casación penal, esta le corresponde a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia que, actualmente, tiene como magistrados principales a José Ayú Prado, Harry Díaz y Jerónimo Mejía.

El primero se apartó voluntariamente del caso de los pinchazos, porque supuestamente era una de las “víctimas”. El magistrado Díaz fue el fiscal del caso y el magistrado Mejía fue el juez de garantías. Por tanto, ninguno de los tres puede conocer la casación del fallo de los pinchazos.

Así, cuando el recurso de casación fue recibido por la Sala Segunda, el magistrado al que le correspondía llevar adelante la casación, según las reglas de reparto, fue Harry Díaz, quien lo declinó a su suplente, el magistrado Wilfredo Sáenz, para que fuera este funcionario el que llevara adelante este recurso.

Una carta de seis páginas, sin fecha, del licenciado Carlos Carrillo, abogado defensor de Ricardo Martinelli, y dirigida a los “señores magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia”, busca cambiar esta situación judicial.

El abogado Carrillo solicitó que se “deje sin efecto” la “Nota Aclaratoria del Magistrado Harry A. Díaz, sin fecha,   mediante la cual ‘procede de forma directa’ a remitir la presente carpeta al magistrado Wilfredo Sáenz, su suplente, para resolver la misma...”.

El argumento del abogado Carrillo es muy claro y busca que se apliquen las reglas generales de los Impedimentos y Recusaciones del Código Procesal Penal, contenidas en los artículos 50 al 60 de dicho código.

Según estas normas, el magistrado Díaz debería declararse impedido de conocer el caso y traspasarlo al siguiente magistrado en el orden del reparto, es decir, a Jerónimo Mejía, quien tampoco puede conocer el caso.

El Código establece un proceso extenso y burocrático para asignar finalmente el caso a un magistrado, que seguramente sería un suplente. El problema que el abogado Carrillo le atribuye al suplente del magistrado Harry Díaz es que ya participó del caso de los pinchazos en un número de actuaciones, tanto como magistrado para las apelaciones a las decisiones proferidas por Jerónimo Mejía cuando era juez de garantías, como parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia para decisiones constitucionales.

Siguiendo esta lógica, debemos entender que todos los magistrados principales y suplentes permanentes de la Corte Suprema de justicia, salvo el magistrado Olmedo Arrocha, que es de la Sala Civil, ya conocieron del caso de los pinchazos y, por lo tanto, estarían impedidos de actuar como parte del recurso de casación.

La peculiar solicitud del abogado Carrillo causaría que la Corte tendría que designar suplentes especiales provenientes de los tribunales superiores para decidir esta casación. Incluso, el mero retraso en la tramitación podría causar que los dos nuevos magistrados de la Sala Penal, al ser designados por el presidente Laurentino Cortizo, fueran los encargados de decidir la casación, recurriendo a otro suplente para completar el trío de magistrados necesarios para decidir el caso.

Existe otra forma de interpretar los impedimentos y recusaciones de esta casación. Recordemos que este recurso, que devuelve a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento del caso de los pinchazos, es la continuidad de esa causa penal, que se inició en la Corte en 2015.

Si esto se entiende así, entonces hay una continuidad normativa que hace que al caso de los pinchazos le sigan siendo aplicables las reglas especiales de los procesos ante la Corte Suprema de Justicia.

Es decir, como la casación es la parte final del caso de los pinchazos que procesó inicialmente la Corte, se le aplican las reglas originales de impedimentos y recusaciones, como lo establece el artículo 494 del Código Procesal Penal.

Dicha norma señala: “Artículo 494. Reemplazo de los Magistrados. En las decisiones que correspondan al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados que ejerzan las funciones de Fiscal y de Juez de Garantías serán reemplazados por sus respectivos suplentes”.

Más adelante, el artículo 496 establece que se salvaguardan los recursos constitucionales y de revisión contra las decisiones de la Corte, en los procesos especiales.

El recurso de revisión, que no es lo mismo que la casación, es de conocimiento exclusivo de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

Si la regla dice que el magistrado Harry Díaz, por ser fiscal de la causa, debe declinar a su suplente para el juicio en el pleno, obviamente esto se repite para las acciones citadas en el artículo 496 y significa que también lo puede hacer para una casación, que es un recurso de inferior categoría a una acción constitucional, y de igual categoría que una revisión.

Si el derecho es lógica, es absurdo que para los recursos más importantes, el magistrado Díaz deba declinar en favor del magistrado Sáenz, y que para los otros recursos se aplique un procedimiento más largo y burocrático, que a todas luces lo que busca es dilatar más este proceso.

Solicitud de Carlos Carrillo

“... se deje sin efecto la Nota Aclaratoria del Magistrado Harry A. Díaz, sin fecha, mediante la cual ‘procede de forma directa’ a remitir la presente carpeta al magistrado Wilfredo Sáenz, su suplente, para resolver la misma, sin necesidad de manifestarse impedido”.

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