La Fiscalía de Miami sustentó que los delitos atribuidos al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009- 2014) no son políticos y, por tanto, son considerados extraditables, conforme al tratado bilateral suscrito por Panamá y Estados Unidos en el año 1904.
En un escrito presentado ayer en la Corte del Distrito Sur de la Florida, los fiscales Benjamin G. Greenberg y Adam S. Fels hacen una descripción entre lo que consideran delitos políticos “puros”—como la traición, la sedición y el espionaje— y los “relativos”, que usualmente atañen “a intereses privados”, no del Estado.
“Que los delitos previstos por la legislación panameña aplicable a las escuchas ilegales son de naturaleza privada y no pública es además confirmado por las víctimas de las supuestas escuchas, en las numerosas referencias contenidas en la solicitud de extradición”, señalan los fiscales, que citan además numerosos antecedentes jurídicos para respaldar sus aseveraciones.
El artículo sexto del tratado de Extradición entre Panamá y Estados Unidos señala que: “Un delincuente fugitivo no será entregado si el delito por el cual se solicita su extradición tiene un carácter político”. Por esta razón, Marcos Daniel Jiménez, abogado principal de Martinelli en Miami, intenta probar que a su cliente se le acusa de espionaje, un delito político puro y, por tanto, no extraditable.
El juez Edwin Torres actualmente examina la documentación aportada por la defensa —y rebatida por la fiscalía— para decidir sobre la viabilidad de la solicitud de extradición presentada por la Cancillería panameña, a requerimiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que investiga la interceptación no autorizada de las comunicaciones de más de 150 personas, desde las oficinas del Consejo de Seguridad Nacional, entre 2012 y 2014.
Por este caso, Martinelli enfrenta cargos por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, peculado de apropiación y peculado de uso.
Martinelli continúa en el Centro Federal de Detención de Miami, pese a que sus abogados presentaron una propuesta de libertad bajo fianza, que incluye la consignación del 10% de una fianza de 5 millones de dólares —confirmada por su esposa Marta Linares de Martinelli— y otra fianza personal de 2 millones de dólares —la mitad del monto es respaldado por un amigo, cuyo nombre se mantiene en reserva—, así como la promesa de portar un brazalete electrónico y permanecer en su residencia, custodiado 24 horas por un agente policial retirado y sin acceso a medios de transporte, como aviones y yates.
Hasta ahora, se han celebrado dos audiencias en la Corte de Miami. En la primera, realizada el 13 de junio —un día después de su aprehensión en Coral Gables—, el juez Torres legalizó la detención provisional de Martinelli.
En la segunda, que se llevó a cabo el pasado martes, se comprometió a revisar una solicitud de la defensa, que intenta anular la orden de extradición. Torres no dijo cómo ni cuándo anunciará su decisión, y en la agenda del tribunal no hay una fecha de audiencia asignada hasta ahora.