ANÁLISIS

Diputados son los ganadores de las reformas

Diputados son los ganadores de las reformas
Diputados son los ganadores de las reformas

El proyecto de reformas constitucionales aprobado en tercer debate por la mayoría del pleno de la Asamblea Nacional, ayer lunes, contiene importantes reformas institucionales en materia de educación, seguridad social, sector agroalimentario, régimen ecológico, descentralización y justicia.

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Sin embargo, un balance preliminar del contenido de las reformas revela que la Asamblea Nacional adquirió, al menos, ocho nuevas facultades que no están consagradas en la Constitución Política actualmente vigente.

Con sus nuevas potestades, los diputados controlarían –o tendrían fuerte influencia– en, por ejemplo, el Ministerio Público, el Consejo de Gabinete, el presupuesto general del Estado y la Contraloría General.

Las reformas, entre nuevos poderes y viejas ambiciones

Las 40 reformas presentadas por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo se transformaron en un documento de 107 artículos contentivos de la nueva normativa que entraría en vigencia de ser aprobadas las reformas constitucionales en un futuro referéndum popular en el año 2020.

La actual Constitución se inclina a favor del Poder Ejecutivo. Los diputados que tenían a su cargo la discusión de las reformas podían optar por fortalecer el balance entre los poderes del Estado, sin embargo, prefirieron favorecer su propia ambición de poder.

En detalle, los ocho nuevos superpoderes de los diputados incluyen:

El artículo 147, numeral 5, que establece un máximo de una reelección para los diputados, es decir, que un diputado sería electo un máximo de dos veces. Sin embargo, como no es aplicable hasta 2024, los actuales diputados pueden reelegirse dos veces más.

El artículo 148A le concede funciones “permanentes” al diputado suplente, lo que significa salario a personas que, en principio, no trabajan, a menos que el principal se ausente.

El artículo 155 de la propuesta establece que los diputados serán investigados por el procurador de la Administración, funcionario que no tiene potestad ni capacidad legal de investigar penalmente a ningún servidor público, excepto al procurador General de la Nación.

Esto significa que al procurador de la Administración le corresponde investigar a los 71 diputados principales y suplentes, así como a los 20 diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) principales y a sus respectivos suplentes.

Propuesta de numeral 7, del Artículo 161:

[...] 7. Dar votos de censura contra los ministros de Estado cuando estos, a juicio de la Asamblea Nacional, sean responsables de actos atentatorios o ilegales o de errores graves que hayan causado perjuicio a los intereses del Estado. Para que el voto de censura sea exequible se requiere que sea propuesto por escrito con seis días de anticipación a su debate, por no menos de la mitad de los diputados y aprobado con el voto de las dos terceras partes de la Asamblea. La ley establecerá la sanción que corresponda. Aprobada la censura por los dos tercios, el ministro cesará en el cargo. Para estos efectos, el presidente deberá destituirlo.”



El volumen de casos existentes contra estos diputados rebasa la capacidad de trabajo de la pequeña Procuraduría de la Administración. Es evidente que esa es la intención.

Si bien se eliminó la redacción inicial, del artículo 157 que permitía que los diputados principales ajustaran sus salarios y que dicho aumento entrara en vigencia para el siguiente año fiscal, se dejó la redacción existente actualmente en la Constitución que establece que, de darse ese aumento, sería aplicable para el siguiente periodo de gobierno.

En el artículo 161, referente a las facultades de la Asamblea Nacional, se incluyen tres nuevas potestades. La designación del adjunto del defensor del Pueblo sería una de ellas. Esta función en la Constitución actual le corresponde al propio defensor del Pueblo. Además, este artículo establece que la Asamblea podrá designar a un fiscal superior especial para investigar a los dos procuradores, función que actualmente no tiene vinculación alguna con la Asamblea Nacional.

Esto replicaría la actual figura de juzgamiento cruzado entre la Asamblea y la Corte, la cual había sido objeto de críticas. Ahora sería una especie de investigación cruzada.

Como guinda del pastel constitucional, en ese mismo artículo 161 la Asamblea potencia el voto de censura contra los ministros de Estado para que este implique la destitución del ministro que haya sido censurado. En los países, en los que existe esta facultad del Poder Legislativo, el Ejecutivo tiene, a su vez, la facultad de clausurar la Asamblea y llamar a nuevas elecciones.

En otro artículo, el 271, aprobado por los diputados, se concede la facultad de alterar el presupuesto general del Estado, tanto los gastos como los ingresos, sin la intervención del Poder Ejecutivo. Esto significa que los diputados podrían quitarle fondos al Ministerio Público para asignarlos a federaciones deportivas o eliminar la inversión en vacunas para aumentar el gasto de los carnavales.

En estas reformas ocurre, como dice el refrán: “El que parte y reparte, le toca la mejor parte.”

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