Las acusaciones sin pruebas contra el comunicador Edwin Cabrera en el pleno legislativo por parte del diputado Sergio Gálvez han puesto sobre el tapete, una vez más, el privilegio que le otorga la Constitución a los diputados frente al resto de los ciudadanos.
No es la primera vez que ocurre. Ya lo ha hecho Zulay Rodríguez varias veces escudándose en el artículo 154 de la Constitución que dice que los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.
Pero los diputados no solo dan opiniones y votan, sino que acusan e, incluso, atribuyen la comisión de delitos, como fue el caso de Gálvez, quien se refirió a Cabrera como pedófilo. Cabrera, por su parte, le pidió a Gálvez que se despoje de su inmunidad.
La marcada brecha entre un diputado y un ciudadano
El ataque del diputado Sergio Chello Gálvez al analista político Edwin Cabrera revivió el debate sobre el abismo que existe entre un diputado y un ciudadano común y corriente.
La serie de fueros y privilegios que tienen los diputados profundizan la brecha. Sin prueba alguna, el diputado puede atacar y calumniar a cualquier persona en el pleno Legislativo y queda exento de ser demandado.
Lo ampara el artículo 154 de la Constitución, que dice que los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo. Un ciudadano común y corriente no tiene esa prerrogativa.
Al diputado lo juzga la Corte Suprema de Justicia a través de un complejo sistema que se sustenta en la controvertida prueba sumaria, figura que trunca los procesos y los sentencia al archivo. De hecho, hasta ahora la Corte no ha condenado a ningún diputado pese a las múltiples denuncias que se han presentado en su contra en distintos periodos.
En cambio, el ciudadano debe enfrentarse a la justicia ordinaria, con sus plazos y reglas. Esa que se rige bajo los parámetros del Ministerio Público.
En terrenos más cotidianos, los diputados acumulan privilegios que no tiene un panameño común. Por ejemplo, tienen pasaporte diplomático que les abre puertas y les evita las filas. Pueden importar dos vehículos libres de impuestos.
Cuando un ciudadano compra un carro, debe hacerle frente a miles de dólares en concepto de impuestos, tanto del 7% del ITBMS, como de introducción, entre otros.
Además, tienen derecho a franquicia postal y telefónica, y a otras prerrogativas.
Un proyecto de ley que recoge propuestas de seis diputados de la actual Asamblea busca eliminar la posibilidad de que los llamados “padres de la patria” importen vehículos libre de impuestos. Pero la propuesta aún no ha sido considerada en primer debate.
El discurso
El pasado lunes en la tarde, día en que el pleno Legislativo se disponía a aprobar en tercer debate el proyecto de ley que reforma artículos de la Constitución Política, Gálvez, con su habitual retórica, dijo que Cabrera no tenía moral para cuestionar a la clase política de Panamá –y principalmente a la Asamblea–. Lo acusó de tener “serios problemas con el alcohol” y aseguró que había sido destituido del Colegio La Salle. Incluso lo acusó de “pedófilo” y que “era cuestionado constantemente por sus desviaciones sexuales”.
Cabrera lo tildó de “cobarde”, precisamente, por escudarse en la Asamblea para calumniarlo. Lo retó a que le pruebe cada una de las acusaciones que le hizo y a que se atreva a hacer esas acusaciones como cualquier ciudadano, sin inmunidad.
No es la primera vez que un diputado se escuda en el fuero parlamentario para atacar a otra persona. En agosto pasado, la perredista Zulay Rodríguez llamó “ladrón” al exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá Jorge Luis Quijano.