Con la sanción presidencial y promulgación de la norma que reforma el impuesto de inmuebles, la Ley 66 de 2017, ayer se inició un proceso de moratoria con el que el Ejecutivo espera obtener una recaudación adicional de entre $50 millones y $80 millones este año, calculó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
El titular de la cartera de Economía dijo que la Dirección General de Ingresos (DGI) está lista para recibir a los contribuyentes que quieran aplicar a la moratoria, que durará hasta fin de año y permitirá el pago del saldo adeudado sin intereses ni recargos.
El grueso de la norma, concerniente a las nuevas condiciones del impuesto de inmuebles, entrará en vigor el 1 de enero de 2019.
De La Guardia dijo que se trata de la reforma más trascendental del impuesto en 40 años y que supondrá descuentos de, al menos, el 50% en todas las propiedades y de 70% para las viviendas principales de familias y personas, que estarán exoneradas del pago del impuesto por los primeros $120 mil de su valor catastral.
Para recibir este beneficio, los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada y una solicitud ante la DGI asegurando que se trata de su residencia principal.
La reducción de las tarifas será compensada con exoneraciones por menos tiempo a las primeras propiedades.
Además, los bancos retendrán el impuesto a segundas residencias y propiedades comerciales financiadas por ellos, para hacer más efectivo el cobro del impuesto.