La evasión fiscal sería considerada un delito penal cuando el monto defraudado en un año sea superior a $300 mil.
La pena será de uno a tres años de prisión o su equivalente en días multa; además de una multa de dos a cinco veces el importe defraudado, según figura en una propuesta legal que está siendo discutida entre el Gobierno y distintos gremios y especialistas del país.
Cuando la Dirección General de Ingresos entienda que hay un caso de fraude fiscal de más de $300 mil, lo elevará al Tribunal Administrativo Tributario y esa entidad valorará si hay mérito para presentar la denuncia al Ministerio Público.
El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que la propuesta sería elevada a la Asamblea Nacional el próximo año.