Sectores de la sociedad civil organizada exigen que el juez séptimo penal, Felipe Fuentes, sea separado de su cargo, petición que surgió un día después de que se diera a conocer que en un fallo del pasado 25 de enero Fuentes le puso fin al plazo para investigar el caso Financial Pacific (FP).
La controversia también coincide con el escándalo suscitado luego de que varios expedientes, entre estos siete cuadernillos del caso FP, fueron hallados en plena vía pública.
“¿Qué hace un juez con semejantes antecedentes negativos impartiendo justicia?”, se preguntó el excontralor de la República Carlos Vallarino.
CUESTIONAN FALLO DEL JUEZ FUENTES SOBRE FINANCIAL PACIFIC
Felipe Fuentes, titular del Juzgado Séptimo Penal, vuelve a ser motivo de cuestionamientos. Esta vez, la sociedad civil le recrimina el hecho de que cerrara el plazo para investigar el supuesto uso de información privilegiada a través de la casa de valores Financial Pacific (FP).
En un fallo del pasado 25 de enero, Fuentes declaró complejo el caso y estableció un plazo para investigar de dos años, pero advirtió que el tiempo de las pesquisas venció el pasado 14 de diciembre. El veredicto surge días después de que se diera a conocer que varios expedientes que se surten en el despacho del Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal, fueron encontrados en la carretera Interamericana, cerca del sector de Loma Cová en Arraiján.
Voces consultadas, aseguran que luego del fallo que le pone otra traba al caso FP, el juez Fuentes debe ser separado del cargo hasta que culmine la investigación por la pérdida de los expediente.
Carlos Vallarino, excontralor de la República, se pregunta, por ejemplo: “¿cómo un juez con semejantes antecedentes negativos tiene autoridad para impartir justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley y la Constitución?”.
“Por eso es que estamos en las listas negras y en los últimos lugares en el mundo en el tema de justicia, por la inestabilidad e inseguridad del Órgano Judicial, además de los fallos descabellados que producen la impunidad que impera en Panamá [...] Es notoria la situación en la que se encuentra el juez y aun así sigue actuando. Esto no se puede permitir y debe ser separado del cargo hasta que culminen las investigaciones”, expresó Vallarino.
La abogada Cristina Torres Ubillús coincidió con el excontralor y aseveró que el juez Fuentes debió separarse del cargo una vez se supo sobre la pérdida de expedientes de su despacho.
“Todas sus actuaciones serán blanco de desconfianza”, sustentó .
También se pronunció sobre el particular Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. A su juicio, este fallo se suma a la falta de confianza que inspira el manejo de los casos dentro del Órgano Judicial. “Además, tenemos a los operadores de justicia que no nos dan confianza, porque no se trata de jueces permanentes que han entrado por concurso”, añadió. Según de Obaldía, “pareciera que la ley, por un lado, sirve para justificar que los casos se caigan y, por el otro, para que este operador de justicia siga en el puesto y no separado”.
La Fiscalía Sexta Anticorrupción, a cargo de Aurelio Vásquez, es la encargada de investigar por qué los documentos del Juzgado Séptimo Penal se encontraban fuera del tribunal. En este caso se investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública. El próximo jueves 1 de febrero se celebrará una audiencia para imputar cargos.
