PAGO DE SOBORNOS

Fiscal: se intentó dar apariencia lícita a sobornos

Fiscal: se intentó dar apariencia lícita a sobornos
La Fiscalía Especial Anticorrupción sigue con las pesquisas e indagatorias dentro de la investigación por los pagos de sobornos a través de la empresa Odebrecht en Panamá.

“No existe justificación alguna para que dos hijos de la más alta autoridad estatal reciban a través de cuentas en el extranjero sumas millonarias de dinero, procedentes de sociedades de la empresa Odebrecht, precisamente para el momento en que se le adjudicaron las principales obras de infraestructuras del sistema presidencial”.

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Así concluyó la fiscal especial anticorrupción, Tania Sterling, la providencia de indagatoria del 23 de enero de 2017, mediante la cual acreditó la comisión “del delito precedente de la conducta autónoma de blanqueo de capitales”–establecido en el artículo 254 del Código Penal– a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, en la investigación por pagos de sobornos de la constructora Odebrecht a través de bancos suizos.

“De la comisión de este delito precedente se obtuvo beneficios patrimoniales diversos para personas naturales y jurídicas, entre las cuales resaltan Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares”, destaca la fiscal en la providencia.

La fiscal se basa en documentos remitidos por los fiscales suizos en una asistencia judicial a Panamá, en la que informaron que acusaron formalmente a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal –de soborno de funcionarios extranjeros y de blanqueo de capitales–, motivo por el que les incautaron unos 22 millones de dólares en cuentas bancarias en ese país.

Señala la fiscal que a través de la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A., “se intentó dar una apariencia lícita a depósitos de empresas de Odebrecht a los señores Martinelli”.

La fiscal se refiere a información de la asistencia judicial de los fiscales suizos, que revelaron que los hermanos Martinelli presentaron dos certificados de la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A., del 15 de julio de 2011 y del 22 de enero de 2013, con el fin de justificar 3.35 millones de euros que recibieron provenientes de cuentas bancarias de la sociedad Baxley Asset Inc., sociedad esta creada en Panamá y que figura en la lista de empresas que tienen cuentas bancarias en Suiza, y cuya beneficiaria final es Odebrecht.

Según los fiscales suizos, “estos pagos [los de Baxley Asset] se hicieron por instrucción de Odebrecht” y no creen en la justificación que presentaron los hermanos Martinelli.

Tanto Ricardo Alberto como Luis Enrique Martinelli Linares fueron citados a rendir indagatoria ante la fiscalía por este proceso y a la fecha no han acudido a presentar sus descargos.

La fiscal advierte que para la fecha que se dieron esos pagos figuraban como representantes y accionistas en la Promotora y Desarrollo Los Andes Federico Suárez (exministro de Obras Públicas) y el empresario Riccardo Francolini.

Destaca la fiscal que “de igual forma escapa al sentido común y lógica que Federico Suárez, siendo ministro de Obras Públicas y por ende, de los proyectos insignia, sea accionista de una sociedad que trató de justificar el dinero mal habido recibido por la cuenta de Fordel”.

Según los fiscales suizos, los hermanos Martinelli también son beneficiarios finales de otra cuenta bancaria en el reputado Banque Lombard Odier Darier Hentsch de Suiza, abierta a nombre de la sociedad Fordel International Ltd. (incorporada en Bahamas, en el Caribe).

La cuenta se abrió en 2011 y a ella entraron 8.15 millones de euros. Esta sociedad fue disuelta en junio de 2013.

Suárez, tras acudir en dos ocasiones a la fiscalía para ser indagado por este caso, ha negado rotundamente cualquier vinculación con los sobornos pagados por Odebrecht.

La fiscalía también imputó cargos y ha indagado a otros vinculados a la Promotora y Desarrollo Los Andes, entre ellos Mario Martinelli Berrocal, hermano del expresidente Martinelli; Evelyn Vargas Reynaga, Guillermo Sáez-Llorens (secretario), exdirector de la Caja de Seguro Social; Ana Isabel Suárez (accionista), hermana del exministro del MOP; y Nitzela Bonilla Pérez, directiva de la sociedad, quien permanece detenida preventivamente por esta investigación.

En sus descargos ante la fiscal, Sáez-Llorens señaló que desde 2008 no ha sido directivo de la citada sociedad.

Al imputar los cargos a todos estos directivos de la citada sociedad, la fiscal destaca: “sostenemos... que existió un blanqueo de capitales, del producto ilícito proveniente del delito de soborno internacional, desde el momento en que se despliegan actos con el propósito de dar apariencia de licitud a los bienes y propiedades producto de las ilícitas conductas arribas explicadas, incurriendo en conductas autónomas”.

Explica que en el caso del delito de blanqueo de capitales se acarrea una conducta penal autónoma a los que oculten el origen ilícito de los dineros, bienes y propiedades obtenidos, y dificulten o impidan la recuperación de los activos.

Indicó que con base en lo anterior “se ha podido acreditar que dentro de la investigación hasta este momento, estas maquinaciones se ejecutaron por personas, cuya profesionalización, posición e influencia dentro de la estructura estatal, del más alto nivel, facilitaron la introducción, inserción o colocación del efectivo en el sistema financiero....”.

En la providencia se destaca que la adquisición de estos bienes en negocios de lícita apariencia se ejecuta a través de la cuenta de Constructora Internacional del Sur, S.A., en el Credicorp Bank (Panamá), se transfiere a la empresa Kadir Investment Ltd 2 millones 700 mil dólares durante agosto y septiembre de 2010, y en esta empresa fungen como beneficiarios los hermanos Martinelli.

Proyecto en Colombia, ¿al agua?

El banco japonés Sumitomo Mitsui retiró su apoyo a la constructora brasileña Odebrecht para financiar con 250 millones de dólares un proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena en Colombia, informó el martes el Gobierno.

La decisión se da en momentos en que la firma brasileña enfrenta acusaciones de corrupción en Colombia y otros países de América Latina. Odebrecht controla un 87% del consorcio Navelena, encargado de un  proyecto de 2.5 mil millones de pesos (851 millones de dólares) para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, el más importante de Colombia. La constructora brasileña decidió en diciembre mantener la mayoría de su participación después de que el Banco Sumitomo le ofreció un crédito por 250 millones de dólares para financiar el proyecto. Sin embargo, fuentes de Cormagdalena, la agencia gubernamental que supervisa el proyecto, aseguraron que Odebrecht está buscando renunciar a su participación.

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