La fiscal de Descarga del Ministerio Público Vielka Vargas de Byrne solicitó el llamamiento a juicio de 9 de los 15 investigados por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en perjuicio de 10 neonatos fallecidos en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS), luego de que se les suministró alcohol bencílico con heparina.
Durante la audiencia preliminar del caso, celebrada ayer en el Juzgado Quinto Penal, la fiscal Vargas expuso que informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) determinaron que el fallecimiento de los infantes se produjo por el suministro del alcohol bencílico con heparina.
La funcionaria también explicó que la sustancia fue suministrada a los neonatos por parte del personal hospitalario, a pesar de la existencia de advertencias que recomendaban no utilizarlo en infantes.
En ese contexto, pidió enjuiciar al exjefe de la Sala de Neonatos de la CSS Iván Sierra; el exjefe de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) Eric Conte; la exjefa de Farmacia de la CSS Alma Batista; los exfuncionarios del Minsa Edgar Domínguez, Marta Escobar e Indira Credidío; las farmacéuticas de la CSS Melia Mock, Alma Luz Rivera y Joalis Cedeño; y la funcionaria de la CSS, María Cerrud.
Al mismo tiempo, solicitó el sobreseimiento de los médicos Nilsa Domínguez, Martín Lasso, Juan José Araúz y Néstor Castillero; y de las farmacéuticas Nidia Batista y Nadia Ábrego.
Según la fiscal, los médicos no tuvieron mayor responsabilidad penal en el suministro de los medicamentos a los neonatos.
Tras el alegato de la fiscal y por petición de los abogados querellantes, el juez Enrique Paniza suspendió la audiencia hasta el 25 de este mes; y rechazó un incidente de nulidad contra el proceso.
Al reanudarse la audiencia, querellantes y abogados defensores deberán evacuar sus alegatos.
La investigación del caso se inició en 2103, luego de que se reportó la muerte de varios neonatos en la Sala de Neonatología del Complejo.
Durante las pesquisas, la fiscalía pidió ayuda a una comisión de especialistas para evaluar los expedientes de cada uno de los neonatos afectados por el tratamiento suministrado en la CSS.
En el proceso, se tomó declaraciones a los médicos que conformaron la Junta Médica Forense y se realizaron 40 inspecciones oculares a instituciones públicas y empresas privadas, tales como casas farmacéuticas, el Ministerio de Salud y unidades ejecutoras de la CSS.