La Fiscalía Cuarta Anticorrupción solicitó al juzgado de turno el llamamiento a juicio de Giselle Burillo, extitular de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado, en perjuicio de esa entidad.
La investigación hace referencia a un posible perjuicio a la institución tras supuestamente incurrir en la división de materia, luego de otorgar 21 millones 633 mil 935 dólares en 137 actos de adjudicación para capacitación y compra de kits o herramientas de trabajo que entregaba la entidad.
La fiscal cuarta Anticorrupción, Adela Heydi Cedeño, señala en la vista fiscal del 3 de febrero de 2017 que además de Burillo, Sara Moreno, titular encargada de la Ampyme, y Carlos Aguilar, exjefe del Departamento de Compras de dicha institución, “no han podido desacreditar la conducta que les ha sido endilgada (...)”.
La fiscal sustenta lo anterior tras indicar que los jefes de la Ampyme, así como el de Compras, supuestamente autorizaron y avalaron el fraccionamiento de los actos públicos de contratación, al igual que la selección del contratista, para evitar someterse a los controles y rigurosidad establecidos para los procesos de mayor cuantía, y por el poco tiempo que eran publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas de Panamá.
“Evadían la competitividad y presencia de los potenciales postores que pudieran participar en estas convocatorias en aras de los mejores intereses y beneficios para el Estado”, señala la fiscal Cedeño. La fiscalía también solicita sobreseimiento provisional para 16 empresarios, a cuyos negocios se les adjudicaron los contratos.
En noviembre de 2016, Burillo recibió del Juzgado Decimosexto Penal un sobreseimiento provisional en la investigación relacionada con el alquiler de plantas móviles, y la semana pasada un sobreseimiento definitivo en el proceso por el alquiler de vehículos.