Los delitos que se le atribuyen a Ricardo Martinelli “afectan un interés privado, no público”, por lo que su naturaleza no es política, sostienen los fiscales de Miami, Benjamín Greenberg y Adam Fels, en un escrito presentado en la Corte del Distrito Sur de la Florida, donde el juez Edwin Torres debe decidir la viabilidad de la extradición del expresidente.
El tratado firmado por Panamá y Estados Unidos en 1904 señala que las solicitudes de extradición no proceden cuando se trata de delitos políticos. La defensa de Martinelli sostiene que a su cliente se le acusa de espionaje, un delito político.
Los fiscales señalan que las escuchas ilegales que realizó el Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Martinelli tenían un interés “privado”, un hecho confirmado por las propias víctimas “en las numerosas referencias contenidas en la solicitud de extradición”.
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