El magistrado juez de garantías en el caso de Arquesio Arias, Harry Díaz, acogió la petición del magistrado fiscal, Olmedo Arrocha, de imputarle cargos al médico y diputado oficialista, por la supuesta comisión de los delitos de violación sexual y actos libidinosos.
La imputación complementaria se llevó a cabo en un acto cerrado al público, debido a que la abogada querellante, Enereida Barría, hizo la petición de audiencia reservada al magistrado juez, ya que una de las víctimas es menor de edad.
La diligencia judicial comenzó a las 2:00 p.m. y concluyó a eso de las 3:45 p.m. El primero en salir fue el magistrado fiscal Arrocha, quien dio a conocer los cargos imputados al diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) del circuito 10-2.
Más tarde salieron los familiares de las víctimas, quienes evitaron dar declaraciones a los medios. Lo mismo hizo el diputado Arias junto a su equipo legal, encabezado por el abogado Ángel Álvarez.
Quien sí habló fue Barría. Para la abogada querellante es satisfactorio que el magistrado juez haya acogido la imputación de cargos. “El magistrado fiscal tendrá seis meses para incorporar todos los demás elementos de convicción que considere a bien para probar la teoría del caso, así como nosotros y la defensa”, aportó.
También pidió justicia para sus defendidas debido a que están haciendo frente a un diputado que preside una comisión legislativa -la de Población, Ambiente y Desarrollo- y goza de ciertas ventajas ante el sistema judicial. “Nadie debe estar por encima de la justicia”, manifestó la jurista.
Arias es investigado por la Corte en un proceso que involucra dos denuncias. La primera tiene que ver con una menor de 16 años, y la segunda, con una joven de 22. El hecho se habría producido en Ustupu, en 2018.
No obstante, se conoció que durante la audiencia de imputación complementaria, tanto Barría como Arrocha hicieron referencia a las declaraciones de varios testigos que en 2012 laboraron como profesores de educación física y entrenadores de un equipo de nueve niñas y adolescentes en la comunidad de Ailigandí en Guna Yala. Según estas declaraciones, el diputado, en una consulta médica, tocó las partes genitales de las niñas.
Los profesores acudieron a declarar en este proceso la semana pasada y contaron que de las nueve adolescentes, tres fueron las más afectadas por los supuestos actos de Arias. De hecho, los educadores presentaron la queja en 2012 a la Dirección Regional del Ministerio de Salud (Minsa), pero las autoridades de aquel entonces optaron por trasladar al médico a otra isla.
Precisamente, estos hechos fueron utilizados por la parte querellante para tratar de demostrar que el comportamiento de Arias no data de 2018, cuando se presentaron las denuncias en Ustupu, sino desde hace siete años, cuando laboraba como médico general en Ailigandí, una comunidad de 2 mil personas de Guna Yala.
Antes que comenzara la audiencia, un grupo de simpatizantes de Arias se apostó frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, en Ancón, con pancartas en manos que rezaban: “las mujeres de Ustupu te apoyamos, doctor Arquesio Arias”.
Un día antes, frente al palacio Justo Arosemena, un grupo de mujeres, entre ellas varias indígenas, efectuó una manifestación contra el diputado.
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha dicho que si él fuera Arias, se separaría del cargo. Pero este ha dicho que se trata de una conspiración de sus adversarios políticos.
Miembros de su partido y de la bancada legislativa del PRD han pedido que se respete “el debido proceso” en este caso. Hasta ahora solo los diputados Mayín Correa, Ana Giselle Rosas, Gabriel Silva y Juan Diego Vásquez han coincidido en que Arias debe separarse.
El próximo lunes, a las 2:00 p.m., se celebrará la audiencia solicitada por el magistrado fiscal Arrocha, para definir medidas cautelares del imputado.