Una denuncia penal para que se investiguen posibles “irregularidades en el cobro de salarios por parte de asistentes ejecutivos y asesores nombrados” en el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) presentó ayer, ante el Ministerio Público, el contralor general de la República, Federico Humbert.
Un comunicado de la Contraloría detalló que la denuncia por la supuesta comisión del delito contra la administración pública se fundamenta en una auditoría efectuada entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2018.
La auditoría determinó una posible lesión al Estado por 900 mil dólares.
Esto, a raíz de que se nombró a personas que tenían dualidad de trabajos y funcionarios con cargos que no pudieron justificar el trabajo. También había personal asignado a cooperativas privadas, entre otras irregularidades.
Una copia del informe también fue enviada al Tribunal de Cuentas para exigir responsabilidad patrimonial.