El juez séptimo penal Felipe Fuentes se inhibió para resolver cinco recursos de incidentes presentados por la defensa legal de varios procesados en la investigación relacionada con la posible comisión del delito de blanqueo de capitales en el presunto desvío del préstamo que concedió la Caja de Ahorros (CA) al Consorcio HPC Contratas P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador.
En un fallo del 27 de septiembre de 2017, Fuentes argumenta su decisión basado en que los acuerdos No. 264 de mayo de 2017 y No. 308 de julio de 2017, del pleno de la Corte Suprema de Justicia, establecen la competencia privativa del Juzgado Decimoctavo Penal para conocer de los delitos de blanqueo de capitales y delincuencia organizada.
RECURSOS PRESENTADOS
Entre los incidentes de controversia listados por el juez están el presentado por la abogada Marcela Araúz a favor de la sociedad Jal Offshore; y el que interpuso Joaquín Rogers Pérez, defensor legal de Carlos Javier Osorio, accionista de la clausurada casa de valores Financial Pacific (FP), quien está detenido provisionalmente por este proceso.
Además, se cuenta otro escrito de controversia y otro de nulidad presentados por Abril Arosemena, defensa legal de West Valdés, investigado en este caso.
El quinto recurso, que será resuelto por el Juzgado Decimoctavo Penal, es el promovido por el abogado Rogelio Gálvez, en representación de una de las partes en la investigación, que no se especifica en el fallo.
OTROS IMPLICADOS
El exvicepresidente Felipe Pipo Virzi está detenido provisionalmente por este proceso en El Renacer, desde el pasado 17 de agosto, luego de rendir indagatoria ante la fiscal séptima Anticorrupción, Leyda Esther Sáenz, quien lleva esta causa penal.
Otros imputados son: Iván Clare, Mariel Rodríguez, Ori Zebede y Baleisy Pineda, exdirectivo y exempleados de FP. Además, José Virzi, hermano de Pipo Virzi.
La presente investigación penal se inició con la denuncia que interpuso Ramón Diez Becciu, en representación de la Superintendencia del Mercado de Valores, luego de que en abril de 2015 se realizaron investigaciones a lo interno de esta Superintendencia que evidenciaron la posibilidad de que los $12 millones que ordenó dicha entidad reponer a la casa de valores FP del faltante de dinero de sus clientes, corresponde al desembolso de un préstamo otorgado por la CA a HPC Contratas P&V, y que fue motivo de investigación por la Fiscalía Primera Anticorrupción, que remitió el 30 de noviembre de 2016 su vista fiscal del caso al Juzgado Decimocuarto Penal.