El Juzgado Decimoctavo Penal negó a Ricardo Martinelli un recurso que buscaba anular una resolución de la Fiscalía Séptima Anticorrupción que daba indicaciones para seguir las sumarias en averiguación por la presunta comisión del delito financiero en perjuicio de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Carlos Carrillo, como defensa legal de Martinelli, basó su petición en el principio de especialidad bajo el cual fue extraditado. Indicó que con esa condición el expresidente solo puede ser procesado por el caso de supuesto espionaje político y peculado.
En el fallo, del 15 de julio de 2019, la jueza decimoctava, Baloisa Marquínez, alegó que dicha condición no es causal para que un tribunal determine la nulidad en un proceso judicial.
Además, señaló que el expediente que maneja la Fiscalía Séptima Anticorrupción son sumarias en averiguación y no hay persona alguna imputada.
En la resolución, la fiscal séptima Anticorrupción, Leyda Saéz, señaló que en la referida investigación se menciona una serie de personas, entre las cuales se encuentra Martinelli. Sin embargo, “la solicitud de agotamiento de término para investigar no se basa en él, a quien no se le investiga, sino más bien, a personas jurídicas que presuntamente utilizaron la información privilegiada para aventajarse sobre otros inversionistas dentro del mercado de valores, a fin de adquirir acciones de la empresa Petaquilla Minerals”.
El proceso se inició tras una denuncia de la SMV y se basó en la información entregada por el entonces interventor de la ahora extinta casa de valores Financial Pacific (FP), José Hidrogo, la cual daba cuenta de que algunas personas, en beneficio propio o de terceros, habrían usado información privilegiada para la compra de acciones de la empresa Petaquilla Minerals, que cotiza en la bolsa de valores de Toronto, Canadá.
Según la denuncia, entre los beneficiarios se encontraban las cuentas 100495 High Spirit Overseas; 100244 Distribuidora Comar, S.A.; 100240 Ricardo Martinelli, y 100620 Jal Offshore.
El pasado 24 de junio, el juzgado concedió una prórroga de ocho meses a la fiscalía para que concluya la investigación. La fiscalía solicitó la prórroga fundamentada en el hecho de que solicitó asistencias judiciales a Canadá, Islas Vírgenes Británicas y a la isla de Monserrat, a fin de establecer la vinculación de otras personas con el ilícito investigado.