El Juzgado Decimoctavo Penal rechazó un recurso de nulidad contra las pesquisas adelantadas por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada en la que solicitó juicio para 23 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la creación de sociedades off shore para el manejo de fondos provenientes de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador).
En una resolución con fecha del pasado 10 de enero de 2018, la jueza Baloisa Marquínez desestimó el recurso presentado por la abogada Clementina Rodríguez en representación de Mirzella Inés Tuñón, exempleada de la firma Mossack Fonseca, a quien presuntamente se vincula con la creación de sociedades off shore usadas para el blanqueo de dinero procedente de Petroecuador.
En su recurso Rodríguez sostiene que la fiscalía inició la investigación el 26 de julio de 2016 y que no fue sino hasta el 14 de junio de 2017 cuando se ordenó su detención preventiva y se le indagó.
En este punto planteó que no fue hasta transcurridos 24 meses que se tomó la decisión de indagarla, por lo que consideró que la continuidad de las pesquisas vulneró el debido proceso.
En su resolución la jueza Marquínez señala que si bien en este caso la fiscalía se excedió en el tiempo para culminar su investigación sin solicitar prórroga, esto no es una causal para declarar la nulidad de la investigación, ya que no se encuentra contenida entre las motivaciones establecidas por el Código Judicial.
Marquínez detalla que el artículo 2035 del Código Judicial señala que "las demoras injustificadas y la falta de celo en la formación del sumario, en que incurran los funcionarios de instrucción, podrán ser sancionadas disciplinariamente por el respectivo superior jerárquico con multas de $5 a $25, que serán descontadas de sus sueldos sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan incurrir".
En este caso, el fiscal Ricaurte González pidió juicio a 23 personas por blanqueo de capitales. Aquí se investigó la participación de la sociedad Arkdale Investments Limited, ligada a Alex Bravo Panchano (exgerente de EP Petroecuador), quien habría depositado en la sociedad Girbra, S.A. fuertes sumas de dinero procedentes de contratos para infraestructuras en la explotación petrolera de la estatal ecuatoriana. La fiscalía cauteló 3.8 millones de dólares.
En el marco de la investigación del fiscal González, se solicitaron asistencias judiciales a Suiza, Reino Unido, Islas Caimán y Ecuador para pedir información sobre las transacciones bancarias de las sociedades off shore y que serían parte del esquema de corrupción creado por Pachano y sus socios.
A las autoridades ecuatorianas se les pidió entregar información concerniente a las actividades realizadas por Pachano y Juan Andrés Baquerizo Escobar.
Este último figura como intermediario entre varias de las sociedades que habrían recibido fondos del pago de comisiones por los contratos entregados. En Ecuador se sigue un proceso judicial por estos hechos.