Dos reveses sufrieron los hermanos David y Daniel Ochy Diez, luego de que el Juzgado Decimoctavo Penal les rechazó igual número de recursos dentro de la investigación que se les sigue por la compra del grupo Editora Panamá América (Epasa) con supuestos fondos públicos (caso New Business).
Uno de los recursos buscaba dejar sin efecto la cautelación de $1.3 millones a la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT) –de los hermanos Ochy–, y otro que se declarara nula la acumulación de las denuncias que dieron origen al caso.
El primero de los recursos, interpuesto por David Ochy a través de su abogada, Guillermina McDonald, fue rechazado por la jueza Baloisa Marquínez el 16 de febrero.
McDonald había objetado la idoneidad del perito que ordenó la cautelación, porque, según alegó, no fue acreditado al inspeccionar las cuentas de TCT.
El segundo recurso, presentado por Daniel Ochy a través de su abogado, Oswaldo Fernández, fue negado por Marquínez en resolución del 19 de febrero.
Según Fernández, el fiscal contra la delincuencia organizada, Marcelino Aguilar, violó el debido proceso al acumular en el expediente las denuncias sobre presuntas irregularidades en las transacciones para la compra de Epasa, una formulada en febrero de 2017 ante el pleno de la Asamblea Nacional por el diputado panameñista Iván Arrocha, y otra interpuesta en el Ministerio Público por el abogado Jaime Abad en abril de 2017.
Marquínez, sin embargo, concluyó que el fiscal no violó ningún procedimiento judicial, ya que, al tratarse de los mismos hechos, procedía la acumulación.
En este caso se investiga la posible comisión del delito de blanqueo de capitales.
Daniel Ochy está detenido desde junio del año pasado, mientras que su hermano permanece prófugo y el Ministerio Público pidió a Interpol difundir una alerta roja para su captura.
La fiscalía maneja la hipótesis de que $22 millones de fondos públicos destinados para la ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera, adjudicada a TCT, fueron desviados para la compra del grupo editorial.