La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, participará junto con unas 65 jerarcas de entidades de justicia del mundo en una cumbre judicial en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, en Roma, Italia.
La actividad, organizada por el Vaticano, se enfocará en la trata de personas y el ambiente.
PORCELL VIAJARÁ AL VATICANO PARA UNA CUMBRE JUDICIAL
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, viajará la próxima semana a Roma, Italia, para participar en una cumbre judicial organizada por el departamento del Vaticano que aborda el tráfico de personas y el crimen organizado.
Se trata de un encuentro inédito en el que juezas y fiscales de todo el mundo se reunirán los días 9 y 10 de noviembre en la Casina Pío IV, histórica sede de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, ubicada en el corazón de los Jardines Vaticanos.
Porcell tomará la palabra el 10 de noviembre a las 15:15 (hora de Italia), después de la intervención de la jueza de Filipinas, Estela Perlas Bernabé.
Está previsto que las intervenciones de unas 65 magistradas invitadas duren unos 15 minutos cada una.
Según el canciller de la Pontificia Academia, el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, el objetivo de la cumbre es “reunir a las mujeres que ocupan cargos en el Poder Judicial de todo el mundo y que tienen un papel activo en la lucha contra la trata de personas, la esclavitud moderna y el crimen organizado, con el fin de compartir sus experiencias, éxitos y mejores prácticas”.
“Asimismo, la cumbre contribuirá al debate moral sobre el desarrollo sostenible, que incluye la protección del medio ambiente y la ecología humana, a la luz de la encíclica Laudato Si del papa Francisco, en cuanto a la globalización de la indiferencia y a la trata de personas. De esta manera pensamos que el taller ayudará a crear una mayor conciencia mundial sobre los problemas y soluciones de estas nuevas emergencias en el mundo globalizado”, agregó Sorondo.
CASO ODEBRECHT
En este contexto, Porcell coincidirá con la fiscal de España que coordina los casos de Cooperación Penal Internacional, Rosa Ana Morán Martínez. Este organismo ha recibido en total dos comisiones rogatorias por parte de las autoridades panameñas en relación con el caso Odebrecht.
La primera rogatoria tuvo como objeto la investigación patrimonial de la familia Martinelli en España. Como resultado de esta petición de auxilio judicial, el 10 de mayo de este año la Fiscalía General Anticorrupción le embargó una cuenta bancaria y un apartamento de lujo a Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del ex jefe de Estado panameño. El apartamento –que fue comprado el 23 de enero de 2014– ocupa un espacio de 368 metros cuadrados y se ubica en la calle Ruiz de Alarcón, situada en una de las zonas más lujosas del centro de Madrid, al lado de la bolsa y a pocos metros del parque del Retiro, según el informe del registro de la propiedad de Madrid al que tuvo acceso este periódico.
Asimismo, las autoridades panameñas enviaron una segunda rogatoria a España para que interrogaran al ex operador financiero de Odebrecht Rodrigo Tacla Durán –quien fue detenido en noviembre del año pasado en un céntrico hotel de Madrid– sobre su vinculación con la trama corrupta en Panamá.
Tacla Durán respondió a preguntas sobre el caso que imputa a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, según confirmaron fuentes judiciales del departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de España a La Prensa.
Entre las participantes en el congreso del Vaticano destaca la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega –destituida por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto pasado, a pesar de no tener facultades para ello–, quien se vio obligada a exiliarse por haberse manifestado en contra del régimen de Nicolás Maduro, al asegurar que se había roto el hilo constitucional del país y tachar de anticonstitucional la convocatoria a la constituyente oficialista.
También estarán presentes Rabaa Al Zreqat, magistrada siria que actualmente se encuentra refugiada en Holanda, y Agatha Okeke, la jueza nigeriana responsable de la investigación por el secuestro de más de 80 niñas por parte del grupo terrorista Boko Haram.
El congreso internacional también servirá de escenario para que las mujeres que ocupan un cargo en el ámbito judicial puedan compartir sus experiencias y compromisos en la lucha contra la trata de personas. Está previsto que al final del encuentro todas las participantes firmen una declaración oficial de intenciones.
La oficina del Vaticano todavía no ha confirmado si el pontífice dirigirá un discurso final.