La Fiscalía Especial Anticorrupción declaró en reserva, por 30 días, el expediente relacionado con los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá, confirmaron fuentes allegadas a la investigación.
La medida fue notificada por la fiscalía desde el miércoles pasado a los abogados de los imputados en el proceso y en la que se les explicó que no pueden tener acceso a las nuevas diligencias que adelanta la agencia de instrucción con respecto a la investigación.
Las fuentes confirmaron que la medida surge a raíz de que la fiscalía está a la espera de nueva información sobre coimas pagadas por Odebrecht, producto de asistencias judiciales que el Ministerio Público ha solicitado a, al menos, cinco países.
La Ley 121 de 2013, que regula los casos de delincuencia organizada, señala que el fiscal puede solicitar la reserva del expediente “cuando en el desarrollo de la investigación, la publicidad pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de algún sospechoso”.
MP, a la espera de más informes sobre coimas
Por segunda ocasión en un poco más de un año, la Fiscalía Especial Anticorrupción declara en reserva el expediente que instruye por el pago de sobornos a panameños a través de la constructora brasileña Odebrecht.Fuentes ligadas a la investigación confirmaron que desde el pasado miércoles, la fiscalía le notificó a los abogados de los procesados que no pueden tener acceso a las nuevas diligencias realizadas por la fiscalía en este caso, por un plazo de 30 días.Fue del 24 de febrero hasta el 24 de marzo de 2017 cuando la fiscalía también declaró en reserva el expediente del caso Odebrecht. Esa vez, el Ministerio Público (MP) recibió la asistencia judicial de Suiza con la que se recibió información sobre los sobornos pagados por Odebrecht en la banca de ese país a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.En esa ocasión, la fiscalía aplicó el artículo 4 de la Ley 121 de 2013, que rige para las investigaciones sobre la delincuencia organizada.El artículo 4 de la citada norma permite a la fiscalía proteger información sensitiva que reciba de la investigación, con el propósito de no entorpecer las pesquisas que se adelanten, así como evitar la fuga de posibles vinculados con el proceso (ver gráfico).
Nuevas asistencias
Precisamente, fuentes allegadas al proceso confirmaron que en esta ocasión se ha determinado la reserva del expediente del caso Odebrecht, ya que el MP se encuentra a la espera de información procedente de asistencias judiciales que ha solicitado a, al menos, cinco países, entre los que están Andorra, Estados Unidos, Bahamas, Suiza y Brasil.
Algunas de estas asistencias fueron recibidas por el MP durante el período en que la investigación estuvo paralizada, en espera de que el Órgano Judicial resolviera recursos legales que se interpusieron dentro de la investigación.
Además, fuentes judiciales indicaron que miembros del MP podrían viajar al extranjero en los próximos días para obtener más elementos respecto a las asistencias judiciales. Estas informaciones, según estas fuentes, delatarían a posibles nuevos implicados en el proceso.
Defensores protestan
La abogada Marcela Araúz, quien lleva la defensa de Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros en el caso de las coimas de Odebrecht, dijo que esta decisión de la fiscalía es una violación al derecho de la defensa.
Araúz explicó que no se le permite ver el expediente ni saber sobre los nuevos cargos que se le están imputando a su defendido en esta investigación.
Por su parte, Armando Fuentes, representante legal del excandidato presidencial de Cambio Democrático en 2014, José Domingo Arias, dijo conocer la decisión de la fiscalía, pero consideró que en este caso la medida estaría dirigida a que no se revelen detalles de futuras diligencias que practicará la fiscalía.
En tanto, otros abogados que llevan la defensa de otros imputados en este caso y que pidieron no revelar su identidad, manifestaron que la decisión de la fiscalía deja en total indefensión a sus clientes, lo que es una violación al debido proceso, a las garantías fundamentales y a disposiciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Diligencias
El 25 de abril pasado, la fiscal especial anticorrupción Zuleyka Moore anunció la reactivación de la investigación, después de que el Segundo Tribunal de Justicia le concedió el plazo de un año para concluir las pesquisas, tras revocar el fallo de la jueza suplente Lania Batista, que había ordenado el 25 de octubre de 2017 a la fiscal que remitiera el expediente con la vista fiscal.
Moore anunció 86 diligencias a bancos, firmas de abogados, personas naturales, jurídicas e instituciones públicas.
Además, confirmó que se continuaría con el intercambio de información de carácter internacional y se reiniciaría la entrega de información por Odebrecht y sus colaboradores.
La información comprendería desde el período en que llegó Odebrecht a Panamá en 2005, hasta 2016. Esto implicaría la investigación de posibles coimas que pagó la constructora durante los períodos presidenciales de Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
Fue en el gobierno de Torrijos que Odebrecht se adjudicó en 2006 su primer megaproyecto en Panamá. Este fue el sistema de riego Remigio Rojas, en Chiriquí, a un costo de $54 millones, pero con las adendas introducidas a la obra terminó costando $65.3 millones. Además, en ese período la constructora logró adjudicarse otros tres contratos, que en total sumaron varios centenares de millones, entre los que se destaca la cinta costera 1, a un costo de $189 millones.
En el periodo de Martinelli Odebrecht se adjudicó, al menos, 14 proyectos, por aproximadamente $5 mil 636 millones.
En el actual gobierno de Varela, Odebrecht se hizo con el contrato de la línea 2 del Metro –por $2 mil 62 millones-; con el proyecto de Renovación Urbana de Colón - $569 millones-, y con la rehabilitación de espacios públicos en la ciudad de Panamá - $100 millones-, este último adjudicado por la Alcaldía de Panamá.
Los ejecutivos de Odebrecht André Luiz Campos Rabello, Olivio Rodrigues Junior y Luiz Eduardo Soares confesaron que la constructora pagó más de $86 millones en coimas en Panamá.