Los fiscales anticorrupción Tania Sterling y Adecio Mojica revelaron que el Ministerio Público (MP) no va a detener las investigaciones sobre la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de las juntas comunales, a pesar de que el Juzgado Quinto Penal ordenó la reapertura parcial del caso.
“Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad. No va a ser por el Ministerio Público que el caso de las juntas comunales se va a detener”, advirtió la fiscal especial anticorrupción Tania Sterling.
El 3 de agosto pasado, el juez quinto penal, Enrique Paniza, ordenó la reapertura del proceso, aunque solo en relación con las juntas comunales situadas en el Primer Circuito Judicial, del cual dijo que es competente.
Este fallo significa que por orden de Paniza solo se reabrirá la investigación para 30 juntas comunales en la provincia de Panamá. (Ver mapa).
La historia
El 5 de mayo de 2015, Paniza había dictado sobreseimiento provisional de la investigación llevada por la entonces Fiscalía Primera Anticorrupción, que abarcaba posibles irregularidades en 153 juntas comunales a nivel nacional, a las que se transfirieron $240 millones en partidas durante el periodo 2009-2014.
El 27 de mayo de 2015, el juez reabrió el proceso y, posteriormente, el 10 de mayo de 2017 volvió a dictar sobreseimiento provisional, en espera de las auditorías de la Contraloría General de la República.
El 27 de febrero de este año, la Contraloría General remitió al Ministerio Público un total de 186 auditorías sobre transferencias de partidas circuitales efectuadas a juntas comunales entre 2009 y 2014, por un monto de $247 millones.
El 12 de marzo pasado, tras recibir las auditorías, la fiscalía pidió la reapertura de esa investigación.
Pasos a seguir
De acuerdo con la fiscal Sterling, la fiscalía tiene mando y jurisdicción para investigar todas las juntas comunales en el país y por eso va a seguir con las pesquisas del caso.
Explicó que el objetivo es adelantar las investigaciones inherentes al resto de los casos que el juez Paniza no reabrió aduciendo falta de competencia, es decir, 156 procesos.
Por su parte, Mojica precisó que, como parte de las pesquisas, se ratificarán las declaraciones de los peritos de la Contraloría que efectuaron las auditorías, se pedirá tomar declaraciones a todos los que resulten señalados, y se solicitará información a las entidades que resulten mencionadas en los desembolsos que se concretaron.
El Ministerio Público solo puede investigar a los exdiputados, alcaldes y concejales que resulten señalados en las investigaciones.
La estrategia del MP es que, una vez estos 156 casos estén equiparados judicialmente, es decir, al mismo nivel de investigación que el expediente original, pedirán una acumulación al Juzgado Quinto Penal.
Fallo y competencia
En dos fallos previos, el juzgado ya negó acumular en el expediente original –que abarca 153 juntas comunales– el caso de la junta comunal de Río de Jesús, en Veraguas, a la que fueron transferidos $8.2 millones, según las auditorías.
Frente a esa decisión, la fiscalía apeló ante el Segundo Tribunal Superior que, en fallo del 27 de septiembre de 2017, concluyó que, en efecto, ambos expedientes no podían ser acumulados, ya que el de la junta comunal de Río de Jesús estaba en etapa de investigación sumarial y el principal con sobreseimiento provisional.
Sin embargo, el tribunal le dio le dio la razón a la fiscalía en un punto que ahora sería utilizado para pedir que Paniza se declare competente en todos los casos de las juntas comunales a nivel nacional.
“Le asiste razón al fiscal de la causa al indicar que, a pesar de que los fondos fueron girados a distintas juntas comunales del país, incluso muchas fuera de la circunscripción territorial correspondiente al Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, resulta que los encargados de realizar las asignaciones presupuestarias eran la Dirección de Presupuesto de la Nación y la Dirección de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, con oficinas en la ciudad de Panamá, de manera que donde se origina el hecho es dentro de su jurisdicción”, dice el fallo.
Recuperar el dinero
El fiscal Mojica dijo que uno de los objetivos principales de la investigación –con base en lo que estipulan los convenios internacionales en materia de peculado– es la recuperación de los dineros desembolsados por el Estado .
Indicó que, para tal fin, la fiscalía también estará abierta a los acuerdos de pena o acuerdos de colaboración eficaz con los implicados, a fin de agilizar el proceso y facilitar la recuperación del patrimonio estatal que fue afectado.