La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un fallo del pleno emitido el 4 de agosto pasado, declaró no viable el amparo de garantías constitucionales que buscaba anular la orden dictada por la Fiscalía Especial Anticorrupción para la aprehensión del helicóptero N1626L, ligado a Luis Enrique Martinelli Linares, investigado por el presunto pago de sobornos de Odebrecht por medio de bancos en Suiza.
El fallo del pleno de la CSJ determina la legalidad de la providencia, dictada por la fiscal Tania Sterling el 30 de marzo de 2017 para la aprehensión de la aeronave, que seguirá bajo órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas y bajo custodia del Servicio Nacional Aeronaval.
Este amparo fue promovido por Carlos Carrillo, defensor legal de la familia Martinelli Linares en varios procesos.
HELICÓPTERO N1626L SEGUIRÁ APREHENDIDO
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decretó no viable el amparo de garantías constitucionales que buscaba dejar sin efecto la orden de aprehensión provisional del helicóptero con matrícula N1626L, ligado a Luis Enrique Martinelli Linares, imputado en la investigación por los supuestos pagos de sobornos de Odebrecht a través de bancos suizos.
En el edicto 164 con fecha del 4 de agosto de 2017 colocado ayer en la Secretaría General de la CSJ se informa de la decisión contra el recurso que fue presentado por el abogado Carlos Carrillo Gomila, en nombre y representación de Aircraft Trust & Financing Corporation Trustee, contra la providencia del 30 de marzo de 2017 emitida por la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht que ordenó la aprehensión de la aeronave.
El helicóptero N1626L está a nombre de la sociedad Silver Wings Corp., pero fue incluido en un fideicomiso a nombre de Aircraft Trust & Financing Corporation Trustee, con sede en Wilmington, Delaware, Estados Unidos.
El amparo de garantías había sido admitido el 29 de mayo pasado por el magistrado Hernán De León, pero con la decisión del pleno de la CSJ se declara definitivamente legal la aprehensión de la aeronave.
El helicóptero fue aprehendido en Tapachula, estado de Chiapas, México, el pasado 31 de marzo, luego de que la Fiscalía Especial Anticorrupción así lo solicitara a las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.
El 2 de abril pasado, la fiscalía recibió la nave, la puso a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas y desde entonces se encuentra custodiada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
La aprehensión provisional del helicóptero fue ordenada por la fiscal Tania Sterling, porque se presume fue adquirido por Luis Enrique Martinelli Linares “con fondos procedentes del blanqueo de capitales”.
Luis Enrique y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares están imputados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht -Suiza, y su localización con fines de indagatoria ha sido requerida a Interpol a través de una alerta roja.
PIDEN CONOCER EL ACUERDO
Abogados de personas vinculadas con los presuntos pagos de sobornos por parte de Odebrecht presentaron solicitudes a la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, y a la Fiscalía Especial Anticorrupción copia autenticada del acuerdo de colaboración eficaz logrado entre el Ministerio Público y Odebrecht.
En una nota del 9 de agosto de 2017, a la que tuvo acceso este medio, el abogado Javier Quintero, defensor legal de Mario Martinelli Berrocal, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, pidió a la procuradora copia del mencionado acuerdo.
Según el abogado la intención de obtener copia autenticada del acuerdo es para interponer una demanda de inconstitucionalidad en la CSJ contra el documento.
Mientras que José Nelson Brandao -también abogado de Mario Martinelli- presentó el 7 de agosto pasado a la Fiscalía Especial Anticorrupción un escrito en el que pide que se le informe si se ha celebrado un acuerdo de colaboración o de pena con André Luis Campos Rabello, representante de Odebrecht en Panamá.
El pasado 1 de agosto la procuradora Porcell anunció que el 26 de julio de 2017 llegó a un acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht.