El expresidente Ricardo Martinelli, que ayer cumplió dos meses detenido en Miami, insiste en que Estados Unidos (EU) debería negar su extradición, porque la solicitud presentada por Panamá contiene “defectos” y está basada en falsas evidencias.
En un escrito presentado el viernes a la Corte del Distrito Sur de la Florida, los abogados de Martinelli pidieron al juez federal Edwin Torres que rechace la extradición y advierten que al solicitar al expresidente por los delitos de espionaje “Panamá y el DOJ (Departamento de Justicia estadounidense) han violado el debido proceso (...) al presentar, una vez más, mentiras materiales de [el magistrado fiscal Harry] Díaz, bajo juramento”.
La defensa –encabezada por Marcos Jiménez– alega que Martinelli no puede ser extraditado por espionaje, pues no está contemplado en el tratado bilateral de 1904. Cuestiona, además, una nota enviada al juez por Tom Heinemann, consejero del Departamento de Estado estadounidense, en la que explicó que “el alcance de las ofensas extraditables bajo el tratado ha sido expandido en un número de ocasiones, a través de convenciones multilaterales de cumplimiento de la ley, en las que Estados Unidos y Panamá son parte”. Pero Jiménez replica que no cita ninguna autoridad legal o de hecho, no aporta ejemplos o antecedentes, y su declaración consta de una sola página, “en la que no ofrece nada que tenga sustancia analítica”.
Tampoco aplicaría la Convención de Ciberdelincuencia de Budapest, pues aunque Panamá se suscribió en marzo de 2014, esta entró en vigencia en julio de ese año y los delitos atribuidos a Martinelli ocurrieron antes.
Jiménez cita que la Convención de Viena de 1969 establece que los tratados no son retroactivos. EU no es parte en la Convención de Viena; Panamá, sí.
Al juez Torres le piden que ejerza un “rol crítico” en el proceso: verificar si la solicitud de Panamá cumple con el tratado de extradición de 1904 y los convenios en los que Panamá y EU son signatarios, y –acto seguido– enviar una recomendación al Departamento de Estado.
También cuestionan la orden de detención. La defensa sostiene que no hay una imputación de cargos, sino una declaratoria de desacato. Por tanto, al no cumplir con la imputación, la orden de arresto es inválida.
La mayoría de estos hechos ya fueron expuestos al juez Torres el 3 de agosto.