El expresidente Ricardo Martinelli, detenido en Miami, Estados Unidos, mientras se tramita su extradición a Panamá, rechazó la decisión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Ayú Prado –en funciones de juez de garantías– de asignar un abogado de oficio para la audiencia que se celebrará mañana como parte del caso que se le sigue por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad al otorgar 353 indultos el 25 y 30 de junio de 2014, casi al final de su administración (2009-2014).
“En uso de mis garantías y usos constitucionales [...] reitero mi voluntad de mantenerme con mi defensa particular, Sídney Sittón y no con la defensa de oficio que su despacho desea asignarme”, dice Martinelli en una nota recibida ayer en la Corte Suprema de Justicia.
“[...] Su despacho tiene pleno conocimiento de que el día martes 20 de junio [hoy], mantengo una audiencia, por lo que es imposible que Sittón se encuentre en Panamá para el 21 de junio de 2017, fecha programada para realizar la continuación de mi audiencia”, agrega.
La audiencia de imputación de cargos al expresidente Martinelli como parte de este proceso estaba fijada para el 10 de mayo pasado, pero ese día el magistrado Ayú Prado decidió postergarla para el 14 de este mes, cuando tampoco se llevó a efecto, debido a que la defensa del exmandatario no se presentó.
Ese día, el 14 de junio, Ayú Prado suspendió la diligencia, luego de leer un correo electrónico enviado 24 horas antes por Sittón, en el que explicó que no podía concurrir a la audiencia, porque debía viajar a Miami, Estados Unidos, donde su cliente estaba detenido desde hacía tres días.
En ese momento, Ayú Prado reprogramó la audiencia para mañana y advirtió que si los abogados del exgobernante no se presentan, entonces le nombrará a Martinelli un defensor de oficio.
El exmandatario fue notificado formalmente de este proceso a través de la publicación de edictos en The Miami Herald y el Diario de Las Américas, ambos de Miami.
La investigación de este caso se inició en 2014, luego de que la Procuraduría General de la Nación remitió a la Corte Suprema de Justicia una denuncia para que se determine la responsabilidad disciplinaria, penal o patrimonial contra quienes otorgaron los 353 indultos repartidos en 19 decretos en junio de ese año.
Una buena parte de estos beneficios fue otorgada a personas que no habían sido condenadas y otras que eran procesadas por delitos comunes; ello, pese a que la Constitución Política faculta al presidente de la República a otorgar indultos únicamente en casos políticos, no de delitos comunes.