Un año antes de las elecciones del 4 de mayo, el gobierno de Ricardo Martinelli compró, al menos, 24 millones de dólares en armas y pertrechos antidisturbios.
De esa cantidad, 15 millones de dólares se destinaron para dotar al Servicio de Protección Institucional (SPI) con 65 mil granadas lacrimógenas con sus lanzadores; 324 mil proyectiles de pimienta; 5 mil granadas de humo y 35 mil cartuchos de impacto, calibre 12, por mencionar algunas compras.
Ello, a pesar de que rara vez los agentes del SPI –que protegen al Presidente– han tenido que enfrentar manifestaciones violentas.
El hoy exministro de la Presidencia Roberto Henríquez defendió la compra. Expresó que “existía urgencia en adquirir estos pertrechos, de acuerdo con especialistas del SPI y que [por entonces] en el país no habían bombas lacrimógenas”.
Henríquez, que en época de la dictadura combatió el uso de los gases lacrimógenos y pimienta, y de escopetas de perdigones, dijo que Panamá le debía a Honduras y Colombia un préstamo de bombas lacrimógenas.
El exministro firmó, al menos, cinco contratos directos en menos de seis meses –cada uno por menos de 3 millones de dólares– para comprar estas armas y municiones que, según expertos del tema, no tienen parangón.
Paralelamente, el Ministerio de Seguridad Pública, a cargo de José Raúl Mulino, gastó casi 9 millones de dólares para dotar a la Fuerza Pública con equipos similares.El exfuncionario negó que estas compras guardaran relación con el pasado proceso electoral.