Una red clandestina de unas 200 personas vigila la situación de los derechos humanos en Nicaragua, tras el cierre o expulsión de las organizaciones locales e internacionales, dijo un activista exiliado en Costa Rica.
Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, dijo a AFP que su país vive una crisis de represión y abusos que se ve reflejada en el cierre de organismos de defensa de los derechos fundamentales y ataques a la prensa de parte del gobierno de Daniel Ortega.
Ante ello, el trabajo de defensa de los derechos humanos se hace en todo el territorio nicaragüense de manera clandestina.
“Volvimos a una promoción y defensa de los derechos humanos de catacumbas, como cuando el cristianismo tuvo que protegerse del imperio que perseguía y asesinaba por ejercer una acción humanitaria y social”, declaró Leiva.
La organización cuenta con un centro de monitoreo y una red de observadores que operan en la clandestinidad, debido a que el trabajo de defensa de los derechos se convirtió en una actividad de riesgo en Nicaragua, explicó. “Tenemos más de 200 defensores de derechos humanos trabajando en clandestinidad. Esto indica que no hay una normalidad en cuanto a los derechos humanos”, señaló Leiva, quien salió de Nicaragua en agosto del año pasado y se radicó en Costa Rica.