La Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimó un amparo de garantías constitucionales presentado contra la orden de indagatoria girada por la Fiscalía Especial Anticorrupción a Mario Martinelli –hermano del expresidente Ricardo Martinelli–, como parte de la investigación por el pago de sobornos de Odebrecht.
Un edicto colgado ayer en la Secretaría General de la CSJ informó que, con ponencia del magistrado Oydén Ortega Durán, se decidió no admitir el amparo de garantías, presentado por el abogado José Nelson Brandao en representación de Mario Martinelli.
El magistrado Harry Díaz se abstuvo y alegó que no podía pronunciarse sobre el recurso por ser vecino de Martinelli y porque la esposa de este es la oftalmóloga de sus hijas.
Mediante la providencia No. 1 del 25 de enero de 2017, la Fiscalía Especial Anticorrupción ordenó indagar a Martinelli por los sobornos que pagó Odebrecht a través de bancos en Suiza.
El abogado de Martinelli alegó que la fiscalía violó el debido proceso, ya que ordenó la conducción de su cliente sin haber otorgado las vías de notificación ordinarias para su concurrencia a la diligencia judicial, limitando desde ese momento su libertad de movimiento.
A su vez, la defensa sostuvo en el recurso que a Martinelli se le aplicó una norma que no estaba vigente al momento que fue imputado como parte del proceso en mención.
Específicamente, denunció que la fiscalía aplicó el artículo 254 del Código Penal, reformado por la Ley 34 del 8 de mayo de 2015, que no estaba en vigencia cuando supuestamente ocurrieron los hechos por los que se vincula al empresario en la investigación.
El artículo 254 del Código Penal señala: “Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional (...) será sancionado con pena de 5 a 12 años de prisión”.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la defensa de Martinelli presentó el amparo, luego de que este cumplió con la orden de indagatoria.
En esa diligencia, el empresario aceptó haber formado parte de la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A., que según la Fiscalía de Suiza sirvió de vehículo para la desviación del dinero procedente de los sobornos de Odebrecht.
Martinelli aceptó haber sido parte de la citada sociedad hasta el año 2012.
‘NO ME SENTÍ ALUDIDO’
Por otra parte, ayer, un día después de que el pleno de la CSJ aprobó en sesión extraordinaria la acumulación de cinco habeas corpus presentados por los abogados de varios investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso Odebrecht, el presidente de esa corporación de justicia, José Ayú Prado, manifestó que desconoce a quiénes benefició esa decisión y quiénes fueron los magistrados ponentes en esos casos.
Ayú Prado no asistió a la reunión extraordinaria del lunes y, más bien, comunicó al magistrado Luis Ramón Fábrega –quien la presidió– que la sesión coincidía con una cita que tenía con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, para coordinar la elaboración del presupuesto del Órgano Judicial del próximo año y la implementación de la carrera judicial.
Dijo que no se “sintió aludido” por el llamado que hizo a la CSJ la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, para que agilizara los recursos legales interpuestos en los procesos relacionados con Odebrecht.
Explicó que el habeas corpus preventivo en el que él era ponente está listo desde febrero y en el proceso de recolección de las firmas de sus colegas.
Al preguntársele sobre las causas de la demora en resolver los habeas corpus, como alega el Ministerio Público, Ayú Prado dijo: “en lo que yo puedo hablar por mí, cuando yo soy ponente de un habeas corpus, se pide el informe inmediatamente. El Ministerio Público siempre ha cumplido en entregar los informes a tiempo y envía copia del expediente, nunca envía el original. No sé si otros magistrados piden el original”.