Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), podría enfrentar un nuevo proceso penal, esta vez por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
El Juzgado Duodécimo Penal no aceptó un recurso presentado por el abogado Eduardo Sequeira, en representación de De Obarrio, para que se dejara sin efecto una resolución de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, en la que le pidió a la Fiscalía Séptima Anticorrupción que en el expediente seguido al exsecretario de Martinelli por enriquecimiento injustificado también se le investigue por la posible comisión de actos relacionados con blanqueo de capitales.
La petición
Sequeira argumentó que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga no tiene las mismas competencias que la Fiscalía Séptima Anticorrupción, esta última especializada en investigaciones por el delito de blanqueo de capitales.
El juzgado
El juzgado reconoce que la Fiscalía Séptima Anticorrupción debió haber abordado las investigaciones por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, y que es el Ministerio Público el encargado de la labor investigativa, por lo que el juzgado no puede interferir en esta fase del proceso.
Por eso negó el recurso presentado por De Obarrio.
La génesis
La investigación por enriquecimiento injustificado a De Obarrio se deriva de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que da cuenta de que el exfuncionario no podría justificar al menos $3 millones.
Por este caso, a De Obarrio le fueron confiscados un apartamento en el edificio Icon Tower, en el corregimiento de San Francisco, en la capital, al igual que una casa de playa valorada en $400 mil.
Recientemente, un juzgado negó desaprehender esta propiedad.
En este caso también se le formularon cargos a Silvana Manzini De Obarrio e Ivette Barsallo Fábrega -madre y esposa, respectivamente, de Chichi De Obarrio-; a María Alessandra Salerno, hija del comerciante Cristóbal Salerno, así como a los también comerciantes Gabriel y Mike Btesh.
De Obarrio es objeto de otros procesos penales por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), pero hasta el momento no les ha hecho frente, ya que, de acuerdo con las autoridades del Ministerio Público, se encuentra fuera del país.