El procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó información a la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) y al Ministerio de Ambiente (Miambiente) sobre el contrato de arrendamiento de isla Boná para el desarrollo de una terminal petrolera.
En dos notas emitidas el pasado 19 de marzo, González pidió a Zuleika Pinzón y Emilio Sempris, directora de la ARAP y ministro de Ambiente, respectivamente, que le informen si tienen conocimiento sobre la ejecución del contrato de arrendamiento firmado entre la Alcaldía de Taboga y la empresa Bona Pacific Corp. para el almacenamiento y despacho de combustible y derivados de petróleo en la citada isla.
En las misivas, el abogado del Estado recordó a ambas instituciones que el artículo 74 de la Ley 41 de 1998 (Ley General del Ambiente), establece que tanto la ARAP como Miambiente deben “dar prioridad” en sus políticas públicas a la “conservación” de los ecosistemas marinos y de aguas continentales con niveles altos de biodiversidad biológica.
Precisamente, por ser un gran refugio de aves es que organizaciones como el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian y el Centro de Incidencia Ambiental han solicitado que se declare a Boná como un área protegida.
Esta petición fue reiterada ayer por ecologistas durante una manifestación en la sede del Ministerio de Ambiente, en Albrook, corregimiento de Ancón.
Con pancartas y coreando consignas, el mensaje de los activistas a las autoridades fue claro: “Miambiente, protege a isla Boná”.