El exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén, detenido en la cárcel El Renacer desde noviembre de 2014 por la presunta comisión de delitos contra la administración pública durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, está dispuesto a acogerse a lo establecido en la recién sancionada Ley 4 de 2017, que le da la posibilidad de llegar a acuerdos de pena y colaboración con el Ministerio Público, informó su abogado defensor, Víctor Orobio.
Orobio precisó que ya presentó ante la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, una carta de intención para “someternos a la ley que establece el acuerdo de pena y acuerdo de colaboración. Ese punto será debatido en medio de las sesiones y negociaciones que se van a dar sobre el tema de los acuerdos que nosotros estamos dispuestos a iniciar desde ya”.
Las declaraciones de Orobio se dieron después de que los jueces quinto y decimoquinto penal de Panamá, Enrique Paniza y Leslie Alberto Loaiza, respectivamente, revocaran la medida de detención preventiva que le fue impuesta a Guardia Jaén al inicio de los procesos que se le siguen y la sustituyeran por una medida cautelar de impedimento de salida del país y de presentación mensual ante la autoridad competente, con base en su delicada condición de salud.
FISCALES APELAN
En este escenario, el Ministerio Público informó ayer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Tercera Anticorrupción apeló la decisión del Juzgado Quinto Penal, que conoce de la causa que se sigue a Guardia Jaén por presuntas irregularidades en la compra de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación.
En el escrito de apelación, presentado el pasado 23 de febrero, la fiscalía argumentó “que la sustitución de la detención preventiva no cumple con los presupuestos del proceso, por cuanto, si bien es cierto existe una condición clínica, así mismo el Código Procesal Penal plantea otros tipos de medidas cautelares, como por ejemplo, la medida cautelar domiciliaria, que garantizan el arraigo del imputado frente al proceso penal”.
Mientras, las fiscalías anticorrupción anunciaron ante el Juzgado Decimoquinto Penal la apelación a la medida otorgada como parte de los otros procesos que se le siguen a Guardia Jaén, entre estos, por la compraventa de granos, la adquisición de mochilas escolares y la compra de bolsas de comida. También están los casos relacionados con el programa Piso y Techo, la compra de llantas, el alquiler de helicópteros y la designación de dinero para representantes de corregimientos.
Para otorgarle la medida de impedimento de salida del país a Guardia Jaén, los juzgados Quinto y Decimoquinto Penal alegaron que no consta en su dossier que el exfuncionario sea una persona peligrosa o que exista el peligro de que se fugue.