El Gobierno, representantes del sector privado y de misiones internacionales en el país rechazaron ayer la inclusión de Panamá en una nueva lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE).
El país aparece en una nueva relación discriminatoria junto a otros 16 territorios considerados no cooperadores en materia fiscal.
La UE se reserva el derecho de imponer sanciones retorsivas a los países que integran la lista, que no podrán beneficiarse de fondos económicos para el desarrollo, según las conclusiones, firmadas ayer.
La decisión de la UE provocó el repudio “de manera contundente” del sector privado y el Gobierno, que llamó a consultas a su embajador ante el bloque, “a fin de valorar los pasos a seguir”.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa, dijo que el país debe adoptar una posición más enérgica y sugirió que el sector público y el privado dialoguen para tomar decisiones, sin descartar medidas de retorsión.
La Prensa consultó a Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la lista de paraísos fiscales de la UE.
Dijo que la entidad no había estado involucrada y que “nosotros apreciamos totalmente el progreso hecho por Panamá y tenemos una relación muy buena y franca con las autoridades panameñas”.