El empresario Raúl De Saint Malo cumplirá en la cárcel de Tinajitas la sentencia a cinco años (60 meses) que le fue impuesta como parte del acuerdo de pena que suscribió con el Ministerio Público dentro del proceso que se le siguió por los sobornos que pagó Odebrecht en el país.
Así quedó establecido en un fallo dictado ayer por el tribunal de apelaciones del Primer Distrito Judicial, confirmado por los magistrados Luis Mario Carrasco –que lo presidió–, Yiles Pittí y Fernando Alonzo.
El tribunal revocó el beneficio de trabajo comunitario que se le había concedido a De Saint Malo hace una semana, y que cumpliría en la Junta Comunal de Ancón, con base en la gravedad del delito imputado: blanqueo de capitales.
Según Carrasco, no existe ningún precedente que indique que la pena de prisión por blanqueo de capitales pueda ser reemplazada por trabajo comunitario.
“El Tribunal no puede ignorar que hasta el día de hoy no se le ha dado trabajo comunitario a alguien por el delito de blanqueo de capitales”, resaltó.
A su vez, la abogada del empresario, Nedelka Díaz, anunció que presentará un amparo contra el fallo.
Resaltó que su defendido siempre ha dado la cara y no como otros, “que están huyendo”. Dijo que De Saint Malo dio a la fiscalía información para rastrear la ruta del dinero de las coimas y que gracias a ello se aclararon incógnitas en el proceso y vincularon otras personas con el ilícito.
Afirmó que su cliente quiere retribuir al Estado y está dispuesto a “trabajar en áreas verdes, pintar edificios, instalar toldas, recoger basura y limpiar letrinas”.
Citó cifras del órgano Judicial, que dan cuenta de que a mil 400 personas se les ha sustituido la pena de prisión por trabajo comunitario. “Todos sabemos que las cárceles son la universidad del crimen, donde secuestran, estafan. Eso lo vemos todos los días”, agregó.
De Saint Malo, que había llegado solo a las oficinas del Primer Distrito Judicial a las 7:20 a.m., abandonó esas instalaciones casi 6 horas después, escoltado y esposado por policías.
Su acuerdo de pena fue validado ante el Juzgado Duodécimo Penal en marzo pasado.
La apelación al beneficio de trabajo comunitario fue presentada por la Fiscalía Especial Anticorrupción. “El Ministerio Público (MP) siempre trabaja apegado al derecho”, dijo la fiscal Tania Sterling. “No existe dentro de la investigación ninguna coacción. El MP no viola garantías constitucionales”, acotó, al salirle al paso a De Saint Malo, que le declaró al diario La Estrella que había sido “presionado” por le MP para pactar un acuerdo dentro de la investigación.
Sterling afirmó que el condenado no fue presionado y que siempre estuvo asesorado por su abogado. “Siempre está la defensa. Nosotros no conversamos con nadie que esté solo”, remarcó Sterling, y dijo que es necesario que la sociedad “se sienta satisfecha [del castigo] ante un delito grave y que sea un ejemplo de que estas situaciones vividas no se vuelvan a repetir”.