La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda presentada por la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H) en la que pide que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) se pronuncie sobre el contrato DAL-003-2012 de 12 de marzo de 2012, con el que se pretendía construir el proyecto de riego de Tonosí.
LOS ARGUMENTOS
Bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise y con fecha del pasado 26 de diciembre, los magistrados de la mencionada sala de la Corte -Abel Zamorano y Efrén Tello- admitieron la acción legal y concluyen que, en efecto, el MIDA viola un derecho a la empresa en lo relativo a su relación contractual.
“En la demanda bajo estudio se reclama que se declare nulo por ilegal el silencio administrativo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario al no dar respuesta a la petición de Hidalgo & Hidalgo, S.A., en relación con el cumplimiento del contrato del 12 de marzo de 2012 (...) por tanto existe la conculcación de un derecho lesionado de una de las partes (...)”, advierten.
Añaden que el hecho no solo se sustenta en la violación a las normas civiles que se refieren a la indemnización por daños y perjuicios, sino también a la violación de normas relativas al procedimiento administrativo y a la contratación pública.
Advierten que en su momento, al magistrado sustanciador le corresponderá responder el fondo de la controversia relativa sobre “si hay vialidad o no para reconocer la indemnización por daños y perjuicios (...)”.
El recurso de Hidalgo & Hidalgo surgió luego de que el procurador de la Administración, Rigoberto González, apelara una resolución del 31 de mayo de 2017, relacionada con la admisión en primera instancia, a cargo de Abel Zamorano, de la acción legal de la compañía.
González planteó que los argumentos que esgrimen los abogados de la empresa versan sobre presuntos daños y perjuicios derivados de los hechos relacionados con el contrato de la obra.
En ese sentido, Armando Fuentes, uno de los abogados que interpuso el recurso, afirmó que en este caso lo que se busca es un acercamiento con el ministerio para alcanzar un acuerdo en lo relacionado con el contrato, y que por esa razón, presentaron la demanda alegando el silencio administrativo de la entidad estatal.
La compañía ecuatoriana recurrió a la Corte Suprema de Justicia después de que en abril de 2016 el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas revocó la decisión del MIDA de suspenderle el contrato.
De acuerdo con ese fallo, la resolución en la que el MIDA resolvió administrativamente el contrato, no fue publicado en el expediente electrónico del sitio web de Panamá Compra, sino en otra parte de la página identificada como “Lo más reciente”.
En noviembre de 2015 el MIDA finalizó el contrato, luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República revelara que la empresa usó dineros otorgados por el Estado para actividades distintas a las del proyecto. El Estado pagó al contratista $31 millones como anticipo para cubrir gastos iniciales de la obra con un costo original de $155 millones.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio a 33 personas por la presunta comisión del delito de peculado en este caso.
Entre los vinculados está el exvicepresidente y comerciante Felipe Pipo Virzi.