La Fiscalía Anticorrupción de Descarga que investiga un presunto sobreprecio en el contrato para el diseño, rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera indagó ayer por tercera ocasión a los exministros de Obras Públicas (MOP) Federico José Pepe Suárez y Jaime Ford Castro.
Los abogados Rosendo Miranda y Abril Arosemena acudieron a la diligencia en representación de Suárez, mientras que Miguel Batista lo hizo en representación de Ford.
Ford, quien ocupó la cartera del MOP entre 2012 y 2014, fue el primero en llegar –a las 8:50 a.m.– al edificio Avesa, en la vía España, donde está dicha Fiscalía Anticorrupción de Descarga, a cargo de Adecio Mojica.
Pasados unos minutos fue el turno de Suárez, quien fuera titular de Obras Públicas entre 2010 y 2012.
Ambos negaron que hubo sobreprecios en la obra adjudicada en 2010 a Transcaribe Trading, S.A. (TCT).
A las 12:40 p.m. se decretó un receso y ambos exfuncionarios abandonaron el edificio Avesa y regresaron a las 2:00 p.m. para seguir las indagatorias.
Ford detalló que la fiscalía lo empezó a interrogar sobre la parte técnica de la ejecución de la obra y aseguró que aportó informes periciales que refutan un informe de la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional de 2015, que estimó en $60.5 millones los supuestos sobreprecios en el proyecto. El exministro dijo que ese informe tiene información inexacta y que no corresponde con la realidad.
En tanto, Suárez dijo que también aportó documentación que acredita cómo se ejecutaron los trabajos de esa obra y refutó que haya habido sobreprecios.
DETENCIÓN PREVENTIVA
Las indagatorias a Ford y Suárez culminaron a las 8:15 p.m. y luego de evaluar las respuestas de los exfuncionarios, el fiscal Adecio Mojica les impuso la detención preventiva a ambos y fueron llevados a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Miguel Batista, abogado del exministro Jaime Ford, alegó que la orden de detención aplicada contra su cliente es injusta, ya que este compareció voluntariamente al proceso.
Dijo que a su cliente se le vincula con la adenda No. 4 del contrato que incluía un intercambiador vehicular en El Tecal, Vista Alegre, pero que, según él, hay un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que señala que en esta adenda no hubo afectación al patrimonio del Estado.
Por su parte, el abogado Rosendo Miranda también aseguró que su cliente Suárez es inocente de los cargos que le imputan. Además, dijo que aportó documentación sobre la ejecución del proyecto.
Miranda recalcó que interpondrá los recursos legales pertinentes, ya que a su juicio la medida adoptada por la fiscalía es injusta.
La defensa de los exministros ya presentó ante la Corte Suprema recursos de habeas corpus preventivos.