Federico José Suárez y Jaime Ford Castro, exministros de Obras Públicas en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), acudieron este jueves 29 de junio de 2017 ante la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, para ser indagados como parte de la investigación por supuestos sobrecostos en la ampliación y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera, obra a cargo de la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT).
Los dos se retiraron poco después de las 6:00 p.m., aparentemente sin medidas cautelares personales. El primero en retirarse del lugar fue Ford, quien informó que su indagatoria será reanudada el próximo martes 4 de julio. Suárez dijo que todavía no ha sido informado sobre la fecha en que tiene que regresar.
"Dejemos que la justicia actúe, que se aclaren todas las dudas que tengan. Vamos a seguir dando todas las explicaciones que sean necesarias", dijo Suárez al salir de la fiscalía.
"Nosotros estamos confiados en las explicaciones que estamos dando. En nuestro actuar en la vida pública, nos apegamos a todas las leyes", indicó.
La jornada para Suárez empezó a las 8:52 a.m., cuando arribó al edificio Avesa, donde están las sedes de las fiscalías anticorrupción, en compañía de su abogada Abril Arosemena. A las 12:45 p.m. se decretó un receso para almorzar. A las 2:00 p.m., con Suárez de regreso en la fiscalía, llegó Ford.
Ford reanudó así la indagatoria que comenzó un día antes, el miércoles 28 de junio, y que duró cuatro horas.
“Todos los elementos se los vamos a dar nuevamente al fiscal, ya que en las mismas providencias de las sumatorias de las investigaciones están las pruebas a favor mío”, manifestó Ford a su llegada.
Federico Suárez, exministro de Obras Públicas, compareció ante la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.https://t.co/GKcrwiGriO pic.twitter.com/jx2v2nayY6
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— La Prensa Panamá (@prensacom) June 29, 2017
ORIGEN DEL CASO
Un informe de la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional determinó, en 2015, que la autopista Arraiján-La Chorrera tuvo un sobreprecio calculado en $63 millones.
El proyecto, que fue adjudicado a TCT por un monto inicial de $152.6 millones, tuvo una adenda en 2013 que elevó el costo a $161.8 millones.
Al retirarse de la fiscalía, Ford dijo que el informe de la Asamblea "no tiene validez jurídica y está lleno de errores".
La investigación está "basada en un informe temerario realizado por supuestamente colaboradores de la Asamblea Nacional. De los supuestos cuatro autores, tress se retractaron... Estamos haciendo las explicaciones pertinentes a cada incongruencia que hay en este informe", agregó.
Sobre la compra de un grupo editorial, que supuestamente se habría adquirido con dineros que desvió el contratista de la obra, Ford dijo tener "cero conocimiento".
"Yo entré al MOP el 20 de agosto de 2012, por lo cual no tengo ningún tipo de información, para los años en que se manejó la supuestamente compra de Epasa (sic)", indicó.
Advirtió que cuando llegó al ministerio, el contrato con TCT tenía un porcentaje de avance de 84.7%.
"Cuenta con su fianza de cumplimiento y todas las garantías vigentes. El ministro [Ramón Arosemena] dijo que el contratista siempre se ha mantenido en el proyecto dando la cara ante todas las recomendaciones y arreglos que tenga que hacer", recalcó.
La fiscalía también investiga a los hermanos David y Daniel Ochy, representantes de TCT. De hecho, Daniel Ochy está detenido preventivamente desde la noche del jueves 22 de junio, después de rendir indagatoria.