La audiencia de imputación de cargos al expresidente Ricardo Martinelli en el proceso relacionado con 353 indultos que otorgó el 25 y 30 de junio de 2014, poco antes de culminar su mandato, no se pudo realizar ayer en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque la defensa del exmandatario no se presentó a la diligencia.
El magistrado juez de garantías del proceso, José Ayú Prado, suspendió la audiencia luego de que se leyó un correo electrónico enviado el 13 de junio de 2017 por Sidney Sittón, abogado de Martinelli, en el que explica que no podía concurrir a la audiencia, que había sido programada hace más de un mes, porque debía viajar a Miami, Estados Unidos, donde su cliente está detenido desde hace tres días, a la espera de ser extraditado a Panamá, pero por el proceso relacionado con los pinchazos telefónicos.
Ayú Prado reprogramó la audiencia para el próximo 21 de junio, y advirtió que si los abogados de Martinelli no se presentan designará un defensor de oficio.
Desde hace dos días, Sittón tiene poder para actuar como abogado de Martinelli en este caso, según una nota enviada por Mario Martinelli Berrocal, hermano del expresidente, a la CSJ.
El 10 de mayo pasado, cuando se celebró una audiencia solicitada por el magistrado fiscal Abel Zamorano, el exmandatario estuvo representado por otro abogado, y Sittón asistió como sustituto. Ese día, el fiscal Zamorano pidió declarar en rebeldía al exmandatario, debido a que no se presentó al acto, a pesar de que había sido notificado por la Oficina Judicial de la CSJ, a través de edictos, correos electrónicos y avisos pagados en los periódicos de Miami.
En esa audiencia, la defensa legal de Martinelli pidió un sobreseimiento definitivo para su cliente. El juez Ayú Prado no atendió ni el pedido del fiscal ni el de la defensa y decidió declarar un receso hasta ayer, 14 de junio, para darle oportunidad a Martinelli a comparecer personalmente y escuchar así los cargos que se le imputan. “Los derechos humanos están por encima”, alegó Ayú Prado en aquella oportunidad.
Este proceso se inició luego de que la Procuraduría General de la Nación envió a la CSJ una denuncia para que se determinara la responsabilidad contra quienes otorgaron 353 indultos en 2014 a favor de algunos procesados por delitos comunes.