Dos terrenos de la Universidad de Panamá (UP) de 1.6 hectáreas, en la avenida Martín Sosa, y 54.5 hectáreas en Río Hato, fueron vendidos por el rector Gustavo García de Paredes, a precios cuestionables, respecto a la venta de otras fincas.
Una auditoría de la Contraloría no encontró perjuicio al Estado por la venta de la finca de Río Hato. Halló algunas irregularidades, como la ausencia de uno de los dos avalúos para la venta de la tierra, pero nada que fuera una lesión.
POTENCIAL
En playas y en el corazón de la ciudad se ubican fincas que una vez fueron de la Universidad de Panamá (UP). Eran tierras con un gran potencial que tuvieron un mismo destino: fueron vendidas en procesos cuestionables.
Se trata de la otrora finca experimental –de 54.5 hectáreas– en Río Hato, Coclé, que hoy es parte del proyecto playero Buenaventura, y un terreno de 1.6 hectáreas en la avenida Martín Sosa, en el que la Iglesia Hossana construye estacionamientos.
Estas fincas, así como las arrendadas en Tocumen, forman parte de las más de 160 hectáreas del patrimonio universitario, que el rector de la UP, Gustavo García de Paredes, entregó al sector privado en polémicas transacciones.
LA FINCA PLAYERA
En Río Hato operó desde 1972 la estación experimental de la entonces Escuela de Agronomía –hoy Facultad de Ciencias Agropecuarias– en la que se hacían investigaciones sobre genética animal y vegetal. Allí se mejoraron semillas de arroz y maíz.
Era una sabana, con ríos superficiales y suelo arenoso, donde se cultivaba con sistemas de riego, narró un profesor de dicha facultad que advirtió que era la única finca de la UP en esa zona.
La finca, a tres kilómetros de la carretera Interamericana, colinda con un camino a la playa y con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
Fue quizás su ventajosa ubicación, lo que motivó a García de Paredes a solicitar las tierras a la Dirección de Reforma Agraria en 2000. Lo que ignoraba la Reforma Agraria es que solo siete años después de su adjudicación gratuita, el rector terminaría vendiéndolas.
Fue en una subasta, en 2007. Empresarios unidos por lazos familiares se la disputaron. Entre ellos, figuras del “círculo cero” del ex presidente Ricardo Martinelli, como Gabriel Gaby Btesh, por entonces presidente de BWH Administradora de Proyectos, S.A., que concursó contra la empresa Fursys, S.A. por obtener la finca. Fue esta última la que finalmente la obtuvo, por $5.1 millones, $12 mil más que su competidor.
También quiso participar Alberto Vallarino –que en 2009 se convertiría en ministro de Estado–, pero su oferta fue descalificada por un error en la fianza que exigía el acto.
Directores de BWH Administradora de Proyectos y Fursys, S.A. comparten directivas en al menos quince sociedades constituidas previas al acto. Así pues, Gaby Btesh (y Moshe Vidal) –de BWH Administradora de Proyectos– compitieron por la finca contra Fursys, donde estaba su hermano Mike Btesh.
Al respecto, la Ley de Contrataciones Públicas indica que si las propuestas “provienen de un mismo grupo económico de sociedades vinculadas”, la licitación se declarará desierta.
El presidente de Fursys, Danny Cohen, dijo que, aunque solo dos cumplieron los requisitos, en la subasta participaron cinco empresas. Añadió que las finalistas no son del mismo grupo empresarial: “están conformadas por múltiples socios, no siendo dominante ninguno de ellos”.
¿Compiten entre ustedes mismos?
“Siempre ha sido así. No, o sea, vuelvo a responderte, no competimos entre nosotros mismos [...] que la familia Btesh quiera participar y la familia Cohen quiera participar no nos hace miembros del mismo grupo económico [...] Sí hemos competido y hubo como 15 pujas y repujas para subir el precio”, que era de $3.5 millones, según el avalúo de la Contraloría General de la República (CGR) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Cohen, junto a su “rival” Gaby Btesh fueron directivos en otra empresa –Betco Int. S.A.–, pero Cohen alegó que Btesh no era accionista. Pero no fue la única en la que compartieron directiva.
Como ya se dijo, Danny Cohen, en calidad de presidente de Fursys, compró la finca a la UP en junio de 2007. Un mes después, Fursys vendió la finca a la sociedad Agro Playa Blanca Turística, por siete mil dólares más de lo que le pagó a la UP por esta misma tierra.
En esta sociedad –Agro Playa Blanca Turística– Danny Cohen era presidente, hasta su renuncia, el 13 de julio de 2007, es decir, hasta un mes después de la subasta.
Cohen fue reemplazado por su también supuesto competidor Moshe Vidal. Pero hasta entonces, Cohen compartía la directiva con los hermanos Gaby y Mike Btesh, el primero, supuesto competidor en la subasta.
“Fursys solamente fue el vehículo que cumplía con las exigencias del pliego para adquirir la tierra, después venderla es una estrategia de socios”, se justificó Cohen.
La Prensa intentó entrevistar a los hermanos Btesh. Les dejó cartas en sus oficinas y se le envió correos electrónicos, pero no contestaron.
Agro Playa Blanca Turística –hoy Agro Playa Blanca, S.A., la preside desde 2013 el hoy ex ministro Alberto Vallarino, quien se negó a precisar en cuánto le fue vendida la propiedad, la cual se anexó a su proyecto playero, Buenaventura. “Se trata de una transacción privada que incluyó otras fincas colindantes”, respondió.
También forman parte de la directiva de esta sociedad los hermanos Hanono, que, como es sabido, fueron beneficiados por García de Paredes con cómodos arriendos por valiosas tierras de la UP, ubicadas en el área de desarrollo del aeropuerto de Tocumen.
UN VALOR ‘ADECUADO’
¿La finca fue vendida en un precio acorde con su valía en 2007? Según la UP, se hicieron los avalúos, como obliga la Ley de Contrataciones Públicas, y en la subasta su valor se incrementó hasta los $5.1 millones, es decir, a $9.40 el metro cuadrado.
Pero el MEF indicó no tener este avalúo y recomendó a este medio pedirlo a la UP. Así lo hizo La Prensa, pero García de Paredes no lo entregó. La CGR sí tiene el avalúo.
Meses después de la subasta, se compraron para el mismo proyecto tres lotes a $40 el metro cuadrado y $34 el metro cuadrado, con salida al mar, según el Registro Público. Al año siguiente de la subasta, otra finca que forma parte del proyecto se segregó y vendió en $45 el metro cuadrado, sin frente de mar.
De igual manera, en 2007 la Caja de Seguro Social vendió 77 hectáreas en San Carlos (a 32 kilómetros del antiguo centro experimental) , a $31 el metro cuadrado, mediante una licitación de mayor valor a una inmobiliaria que construyó exclusivos residenciales.
En 2006, en Río Mar, distrito de San Carlos (a menos de 35 kilómetros del Buenaventura) se vendieron dos terrenos en $77 y $80 dólares el metro cuadrado para otro complejo turístico.
Avaluadoras y empresarios de bienes raíces consultados por La Prensa calcularon que para esa época el metro cuadrado en Río Hato pudo haber costado entre $50 y $80 sin frente de playa.
Una agencia de bienes raíces que vendía propiedades en Río Hato indicó que para 2007 ya habían tres complejos hoteleros grandes en la zona, y que, precisamente, entre 2005 y 2008, los precios se encarecieron por el boom inmobiliario. Hoy, indicó la fuente, un lote en Buenaventura puede venderse a más de $300 el metro cuadrado, sin acceso a la playa.
Pero según Cohen y Vallarino, los $9.40 por metro cuadrado fue un valor adecuado, porque el lote no tenía acceso al mar, sino un camino a la playa.
Además, Cohen indicó que tuvo que pagar derechos posesorios por dos fincas adyacentes al terreno. Curiosamente, fue el rector García de Paredes –previo a la subasta– el que negoció esta venta, pese a que estos lotes no eran propiedad de la UP.
¿Cómo se usó el capital que recibió la UP por la venta de la finca? “Los dineros fueron depositados en cuentas del Banco Nacional y utilizados conforme a las normas”, respondió el rector.
LA FINCA DE HOSSANA
Además de esta, la UP vendió otra finca ubicada a pocos metros del campus universitario “Octavio Méndez Pereira”, detrás de la iglesia Hossana en la avenida Martín Sosa. La UP poseía 1.6 hectáreas, que fueron vendidas en 1997 al Concilio General de las Asambleas de Dios de Panamá, representante de iglesias evangélicas.
Se desconoce si fue una venta directa o hubo acto público ni cómo se determinó el precio de $87.76 el metro cuadrado, o $1.4 millón, según su escritura, que reposa en los Archivos Nacionales. García de Paredes tampoco respondió cómo vendió y cálculo el valor de la tierra.
La Contraloría y el MEF dijeron a este medio no tener el avalúo de este lote para su venta. La UP tampoco facilitó copia de estos documentos.
¿Pudo la UP obtener una mejor oferta? Colindando con esta finca, diez años antes –en 1987–, la CGR valoró en $77.5 el metro cuadrado para una permuta que hizo el ex rector Abdiel Adames (q.e.p.d) con un particular.
Según el Registro Público, en el 2000 la Asociación Cristiana de Comunicación compró –a solo 3 años de la venta en cuestión– un lote en $188.00 el metro cuadrado, también en la avenida Martín Sosa, a un costado del otrora terreno universitario. Y en 1999, una empresa compró un terreno contiguo a la entrada del templo Hossana en $198 el metro cuadrado.
El precio fue “bajo”, concluyó la Dirección de Información Catastral y Avalúos de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), que indicó que el precio en 1997 debía estar en $300 el metro cuadrado porque ahora esa zona se cotiza a $900.
Pasaron 18 años desde que compró la tierra. Y es ahora, en 2015, cuando el concilio ha sometido a evaluación un estudio ambiental para construir estacionamientos. ¿Cuál fue la necesidad de vender en 1997 este terreno? ¿Qué se hizo con el dinero? García de Paredes no respondió.
Igual silencio guardó Lowell David Bryan, representante del concilio, quien en 1997 autorizó la compra. La Prensa le mandó una petición de entrevista con las preguntas adelantadas, le dejó mensajes de voz a su celular y recados con su personal.
ALQUILER EN LOS SANTOS
La lista de propiedades comercializadas no termina ahí. En la provincia de Los Santos, se alquiló un lote de 8.2 hectáreas del centro regional universitario, entre 2010 y 2011, a dos centavos el metro cuadrado, producto de una subasta, a pesar de que el terreno fue donado para la “investigación, docencia y producción”, y se prohibían otros fines, indican documentos oficiales.
El MEF respondió a La Prensa que no tiene los avalúos de la finca, y los avalúos de la Contraloría son posteriores a la licitación. García de Paredes tampoco respondió por qué arrendó esta finca sin sus respectivos avalúos.
En ningún momento la UP dispuso de sus bienes de forma “arbitraria”, sino, “todo lo contrario, hemos sido celosos en la custodia de los mismos y hemos cumplido con todas las disposiciones legales cada vez que se ha requerido vender o alquilar cualquiera de ellos” , contestó a La Prensa, García de Paredes en una nota en la que ignoró las preguntas específicas sobre la venta y arrendamiento de las fincas universitarias.
(Con información de Vielka Corro, Ismael Hernández y Edilsa González).