Docentes, estudiantes y empleados administrativos de la Universidad de Panamá (UP), liderados por el rector de esa casa de estudios, Eduardo Flores, marcharon hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para entregar un escrito de oposición a la demanda de nulidad presentada por el contralor Federico Humbert contra el artículo 182-B del estatuto universitario, que permite el pago de bonificaciones a los académicos.
Flores aseguró que en la demanda presentada por Humbert, y en la opinión expresada por el procurador de la Administración, Rigoberto González, luego de que la CSJ le pidiera su criterio sobre el tema, “se desconoce la autonomía universitaria”.
Flores precisó que, en la opinión enviada a la Corte, González concluyó que el derecho a la bonificación por antigüedad del personal académico de la UP no está incluido entre aquellos que contiene la Ley No. 24 de 2005 (Ley Orgánica de la Universidad de Panamá).
Asimismo, que el Consejo General Universitario ejerció de manera errada la potestad reglamentaria al desarrollar el derecho a la bonificación por antigüedad en el artículo 182-B del estatuto universitario.
En el escrito entregado ayer a la CSJ por Flores, se señala que los artículos 103, 104 y 105 de la Constitución sientan las bases de la autonomía de la UP, que a la vez manifiesta su potestad de dotarse de su propio régimen interno que regule la organización de sus estudios, y la designación y separación de su personal en la forma que determine la ley.
En la carta también se cita el artículo 40 de la Ley Orgánica de la UP, que contempla la carrera académica y que esta regulará lo concerniente al ingreso, desarrollo, perfeccionamiento, escalafón y egreso del personal académico universitario.
En agosto de 2016, cuando Flores ya había sido electo, dijo estar de acuerdo con las bonificaciones de los docentes, pero que esto no debía ser extensivo a las autoridades universitarias que ocupan cargos dentro de esa casa de estudios.