Abogados consideran justificada la denuncia penal interpuesta contra el expresidente Ricardo Martinelli, ya que, según opinan, este ha abusado del sistema de administración de justicia no solo al querellarse contra funcionarios y exfuncionarios, sino al amenazarlos con el secuestro de sus bienes patrimoniales.
Por ejemplo, el exfiscal de Cuentas Guido Rodríguez consideró que el Ministerio Público (MP), incluso, hubiera podido proceder de oficio en defensa y blindaje de la actuación de los funcionarios judiciales.
“De manera clara, se tipifica la conducta descrita en el artículo 388 –del Código Penal– con el pretendido uso abusivo del sistema de administración de justicia, incluso contra funcionarios en ejercicio que podrían tener que participar en diligencias en los procesos en que está envuelto el ciudadano querellante, como en efecto ocurre con los dos médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) que han sido querellados. Lo que se busca, sin ninguna duda, es tratar de intimidarlos”, dijo.
Para el excontralor Alvin Weden, la denuncia contra el expresidente está perfectamente ajustada a las actuaciones de este, quien, dijo, permanentemente amenaza a funcionarios del Ministerio Público, lo cual está tipificado como delito en el Código Penal.
“Ha llegado al extremo de querellar a médicos forenses por cumplir con su deber. Esto es algo inusual que alguien demande a médicos que han dado opiniones técnicas sobre su capacidad mental para enfrentar los procesos”, añadió.
“Es increíble que tenga esa actitud y utilice dinero mal habido para mantener en vilo a las autoridades, amenazándolas con el secuestro de sus patrimonios y demás”, dijo el excontralor.
Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño explicó que en este contexto los fiscales y jueces juegan un papel por demás importante, ya que son ellos los que deben impulsar un proceso si se sienten intimidados y para que prospere un proceso de esta naturaleza debe ser presentado ante la autoridad competente por el representante legal del Ministerio Público o del Órgano Judicial y estos, a su juicio, parecen estar ciegos, sordos y mudos.
“Ahora mismo, lo que está ocurriendo es que estos políticos corruptos demandan a jueces, fiscales, exprocuradores, exmagistrados y abogados y prácticamente los ponen en la calle, porque le secuestran sus patrimonios y esa es una práctica repugnante y abusiva”, expresó, a su vez, el abogado penalista Carlos Herrera Morán.
La denuncia presentada contra el expresidente por el abogado Enrique De Gracia Lezcano –por la presunta comisión de los delitos de intimidación de servidores públicos y apología del delito–, aduce que es un hecho público y notorio que Martinelli ha venido amenazando, intimidando, denunciando, querellando y promoviendo acciones de secuestro a fiscales, jueces y magistrados que han intervenido o participan en pesquisas y procesos judiciales en los que se ha visto inmerso por causa de acciones realizadas en su gobierno.