Los esfuerzos para contener la propagación del nuevo coronavirus han afectado de manera directa la generación de ingresos de empresas y personas.
Una de las medidas adoptadas para mitigar ese impacto en las finanzas empresariales y familiares es la de extender el plazo del pago de ciertos impuestos.
La crisis ha obligado a aplazar, además, la presentación de declaraciones y documentos.
Desde que comenzó la crisis, la Dirección General de Ingresos (DGI) ha adoptado una serie de acciones en esta línea. La presentación de la declaración jurada de rentas de 2019 fue originalmente postergada de marzo a mayo, pero como la cuarentena continúa, la DGI concederá otra extensión de tiempo, hasta el 17 de julio.
De igual forma, contando desde marzo, se dieron cuatro meses para pagar un grupo de impuestos que vencen en este periodo.
Empresas y personas podrán cumplir estas obligaciones en un mayor espacio de tiempo, relajando la presión sobre sus cuentas, pero la obligación no desaparece.
El relajamiento de las exigencias tributarias y la difícil situación de la economía tienen otra cara de la moneda: la caída de los ingresos corrientes del Estado.
En los primeros cuatro meses, la recaudación está $536 millones por debajo de lo presupuestado.