Luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la figura de las licencias con sueldo, defendida en varias ocasiones por el contralor Gerardo Solís, este justificó ayer sus acciones. “Mientras estaba vigente la ley había que cumplirla. Las leyes, gusten o no, se cumplen”.
Pese a que por Constitución es la Contraloría la encargada de defender el patrimonio público cuando considere que alguna norma lo afecta, Solís siempre defendió las licencias con sueldo que tienen 172 representantes y 30 alcaldes bajo la premisa de que tenían su base legal en los artículos 78 y 83 de la Ley 37 de 29 de junio de 2009 (descentralización).
Ahora, según el abogado Ernesto Cedeño, le corresponde a la Contraloría no solo suspender a los pagos a los beneficiados con las licencias, sino aplicar lo que establece el fallo en cuanto al ejercicio de las funciones públicas de los funcionarios. De hecho, el fallo también señala que nadie puede tener dos salarios del Estado y que los servidores públicos deben ejercer sus funciones personalmente.
El diputado independiente Juan Diego Vásquez planteó que el fallo de la Corte es un claro mensaje para que los diputados dejen de crear fueros y privilegios a través de las leyes.
Aplauden el fallo que tumba el doble salario en el Estado
El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la figura de las licencias con sueldo usada por las autoridades locales para garantizarse dos salarios del Estado, generó múltiples reacciones ayer, justamente en momentos en que la Asamblea Nacional se debaten reformas a la Ley 37 de 2009, de Descentralización para garantizarles este beneficio a los alcaldes y representantes.
‘En la dirección correcta’
“Es un paso en la dirección correcta que debe interpretarse con un llamado a eliminar leyes que otorgan privilegios”. Así reaccionó, por ejemplo, el diputado independiente Juan Diego Vásquez, al conocer el fallo unánime de los nueve magistrados de la Corte, que el pasado 14 de marzo declararon que es inconstitucional la frase “licencia con sueldo”, contenida en los artículos 78 y 83 de la Ley 37 de 2009 (descentralización), porque crea un fuero o privilegio.
Vásquez cuestionó que tanto a nivel del Ejecutivo como de la Asamblea se haya tolerado este tipo de privilegios, especialmente durante la pandemia de Covid-19, en la que muchos panameños perdieron su trabajo mientras otros tenían dos cargos a costa del Estado.
La opinión de Solís
El contralor Gerardo Solís, quien en varias ocasiones defendió la figura de las licencias con sueldo debido a que estaban en una ley, fue consultado ayer por este medio. “Mientras estaba vigente la ley había que cumplirla. Las leyes, gusten o no, se cumplen”, aseguró.
La Contraloría, según el artículo 280 de la Constitución, tiene la facultad de demandar ante la Corte leyes y actos “que afecten patrimonios públicos”. No obstante, fue un particular, el abogado Roberto Ruiz Díaz, quien demandó la norma en septiembre de 2021.
“Las decisiones de la Corte se cumplen tal cual, al pie de la letra, porque son finales y obligatorias”, dijo Solís, quien agregó que espera la publicación del fallo.
En tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, dijo que la decisión de la Corte tiene efectos hacia el futuro por lo que la Asamblea no podrá volver a legislar sobre el tema.
En el Legislativo
De hecho, la Comisión de Asuntos Municipales, que preside el diputado perredista Javier Sucre, ya aprobó en primer debate una reforma a Ley 37 de 2009, (descentralización), en la cual se mantiene la figura de la licencia con sueldo. Y además, contempla el pago de gastos de representación a los 81 alcaldes y 679 representantes del país.
Esto, luego del descontento de las autoridades locales porque por presión ciudadana, la Contraloría eliminó los onerosos gastos de movilización que cobraban algunas autoridades locales. La propuesta espera segundo debate en el pleno legislativo.
Otro que reaccionó sobre el tema fue el abogado Ernesto Cedeño, quien ha demandado varias leyes relacionadas con la administración de los gobiernos locales. Dijo que la Contraloría deberá dejar sin efecto los pagos por licencias con sueldo a los 172 representantes de corregimiento y 30 alcaldes que actualmente gozan de este privilegio. Ahora, agregó, estos funcionarios deberán decidir si retornan al ejercer su función o se acogen a una licencia sin sueldo.
Por su parte, Narciso Marchuca, asesor legal de la Asociación de Alcaldes de Panamá, alegó que los miembros de esta organización son respetuosos de la ley y que ante un fallo de la Corte en el sentido de eliminar las licencias con sueldo solo queda “respetarlo y acatarlo”. Machuca también desestimó la presentación de cualquier recurso de aclaración de sentencia, ya que el fallo “es bastante claro”.
Viejo reclamo
El reclamo contra las licencias con sueldo es de vieja data. En 2015 el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta para eliminar este beneficio por considerar que creaba fueros y privilegios.
En aquella ocasión, al igual que en su opinión vertida en el fallo del pasado 14 de marzo, González estimó que constitucionalmente nada justifica que durante el período en que los funcionarios ejercen como representantes de corregimiento o alcaldes se les tenga que pagar licencia con sueldo.
Tanto el Movimiento Independiente, como la bancada independiente de diputados de la Asamblea han presentado infructuosamente iniciativas legales para eliminar esta figura que ahora ha derogado la Corte.
Walkiria Chandler, suplente del diputado independiente Gabriel Silva, celebró la decisión de la Corte, pero recordó que en el poder Legislativo un grupo de diputados insisten en perpetuar estos privilegios en diversas leyes.
