Garantías fundamentales

Arrocha, Russo y Fábrega salvaron su voto en fallo de la CSJ que salvó toque de queda

Arrocha, Russo y Fábrega   salvaron su voto en fallo de la CSJ que salvó toque de queda
A partir del próximo lunes, el toque de queda será de 12:00 m.d a 4:00 a.m. La Policía es la encargada de su ejecución. Archivo

Pese a que la mayoría del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) consideró que el Decreto Ejecutivo 490 del 17 de marzo de 2020, emitido por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y la entonces titular de Salud, Rosario Turner, no viola la garantía constitucional del libre tránsito, hubo tres magistrados que salvaron su voto.

Se trata de Luis Ramón Fábrega, Ángela Russo y Olmedo Arrocha, que cuestionaron la vía utilizada por el Ejecutivo para suspender garantías constitucionales.

Arrocha y Russo plantearon, por ejemplo, los peligros que implica para la institucionalidad democrática que se permita suspender garantías por la vía de un decreto en el que no toman parte ni el Consejo de Gabinete ni la Asamblea Nacional.

Así salvó la CSJ el decreto del toque de queda del Ejecutivo

¿Puede un simple decreto ejecutivo restringir derechos fundamentales, como la libre circulación de los ciudadanos? A criterio de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSS), sí es posible. No obstante, otros tres magistrados salvaron su voto y explicaron lo poco “sano” que es para la institucionalidad del país avalar esta posición.

El debate, que llevaba más de un año desde que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y la entonces ministra de Salud, Rosario Turner, emitieran el Decreto Ejecutivo 490 de 17 de marzo de 2020, que originalmente estableció el toque de queda en Panamá, se zanjó a través de un fallo con fecha del 28 de enero de 2021. La decisión fue dada a conocer esta semana.

En el documento, Carlos Vásquez Reyes (ponente), José Ayú Prado, Maribel Cornejo Batista, María Eugenia López y Rafael Murgas Torraza (suplente de Cecilio Cedalise) concluyeron que la decisión de Cortizo y Turner se apega a la Constitución. En tanto, Àngela Russo, Olmedo Arrocha y Luis Ramón Fábrega alegaron que si bien se podía justificar la medida por razones sanitarias, el mecanismo empleado por el Ejecutivo no fue el mejor. El magistrado Hernán A. De León Batista no tomó parte del debate.

La demanda

La acción legal había sido presentada por los abogados José Alberto Álvarez y Rubén Elías Rodríguez. Sustentaron que la medida, actualmente vigente entre 11:00 p.m. y 4:00 a.m., afectaba el artículo 27 de la Constitución que establece que “toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las impongan las Leyes o reglamentos de tránsito fiscales, de salubridad y de inmigración”.

Advertían que la restricción al libre tránsito es potestad del Gabinete, como lo establece el numeral 5 del artículo 200 de la Constitución y según lo dispuesto en el artículo 55 de la misma Carta Magna. Ese artículo establece que el estado de urgencia y la suspensión de las garantías serán declarados por el Ejecutivo, mediante acuerdo del Gabinete. Si la medida se prolonga por más de 10 días, el Órgano Legislativo debe revocar o confirmar la acción.

Pero Cortizo declaró la cuarentena en base al artículo 109 de la Constitución y al Código Sanitario. El Decreto Ejecutivo 490 también invocó la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley del Fondo de Ahorro de Panamá.

¿Por qué se hizo así? El pasado miércoles en la Asamblea Nacional, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, ensayó una respuesta.

Ante los diputados de la Comisión de Presupuesto declaró, sin que nadie lo refutara, que se declaró un estado de emergencia y no de urgencia, porque este último significaba suspender las garantías constitucionales.

El fallo

Antes de dar su fallo, la mayoría de los magistrados abundaron en las razones locales e internacionales de los toques de queda y cuarentena para tratar de contener el virus SARS-CoV2, causante de la Covid-19. Señalan que el derecho a la circulación no es absoluto y está “supeditado a no concurrencia de otros aspectos que puedan limitarlo”.

Citan también dos artículos de la Constitución: el 109 y 110, relativos a la obligación del Estado de velar por la salud de la población.

Respecto a quién debió tomar la medida, el fallo plantea que el artículo 55 señala expresamente dos supuestos para declarar el estado de urgencia: guerra exterior y perturbación interna. Al interpretar que la pandemia no constituye ninguna de estas razones, los magistrados alegan que no era viable para el Ejecutivo esta opción.

Dicen que aunque entienden que el decreto puede “evidentemente afectar derechos particulares de algunas personas” y pudo ocasionar “molestias a algunos particulares”, debe entenderse que la medida buscaba salvaguardar la colectividad.

Los salvamentos

Pero no todos estuvieron de acuerdo. La magistrada Russo, por ejemplo, señaló que si bien es cierto que es deber del Estado salvaguardar la salud y combatir enfermedades, esto no se traduce en que se adopten medidas que afecten garantías fundamentales.

En su opinión, el decreto demandado se aparta de la Constitución, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, señaló que el Ejecutivo no se apegó al procedimiento dispuesto en la Constitución para suspender garantías.

Por su parte, Luis Ramón Fábrega planteó que si bien se entienden las medidas para controlar el virus, “su permanencia en el tiempo, con base a una legislación imprecisa -Código Sanitario que data de 1947- exigía entablar los mecanismos de ley para adecuar su ordenanza al período de pandemia”, ya que se afectaron derechos y garantías fundamentales. Todo el tiempo transcurrido desde marzo de 2020, dijo, habría sido suficiente para enmarcar lo actuado en base a las leyes y la Constitución.

El magistrado Arrocha se extendió más en sus planteamientos. Citó, por ejemplo, una nota del 25 de marzo de 2020 que envió la misión diplomática de Panamá a la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que el Estado panameño reconoce que los decretos sanitarios afectaron derechos fundamentales. “El pleno debió reconocer que la medida impugnada materialmente sí afectaba derechos fundamentales de la población panameña, contrario a la sensación que emana del fallo”.

En relación a la posición de la mayoría de sus colegas de avalar la vía escogida por el Ejecutivo, Arrocha plantea que se trata de una interpretación muy literal del artículo 55.

A su juicio, no es sano para la institucionalidad democrática asumir que el constituyente solo quiso disponer taxativamente dos condiciones, “guerra exterior” y “perturbación interna”, para suspender garantías, afectando un bien jurídico tan trascendental como la libertad y dejándolo a normas inferiores.

Lo mejor para la democracia y el ejercicio del poder, según Arrocha, habría sido aplicar el artículo 55, que permite limitar garantías, pero con controles.

Recordó que bien se podían guiar por el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos que señala, parecido al artículo 55 de la Constitución panameña, que se puede suspender garantías “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado”.

Así las cosas, el toque de queda se mantendrá vigente y, a partir del próximo lunes 19 de abril, será de 12:00 m.d. a 4:00 a.m., por disposición del ministro Luis Francisco Sucre y Cortizo.


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