La Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley 281, que plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Bancos adopten medidas para flexibilizar temporalmente las obligaciones de los préstamos de naturaleza personal, comercial y agropecuaria de las personas naturales y jurídicas cuando el país esté en estado de emergencia nacional.
Endurecer penas
También tiene pendiente decidir si acoge una propuesta de ley para endurecer penas para quienes cometan saqueos. La iniciativa –de la diputada Kayra Harding (PRD)– propone modificar el Código Penal.
Proyecto de ley aprobado obliga a la DGI a aceptar pagos en especie
Sin especificar cuáles, la Asamblea Nacional incluyó en el proyecto de ley 281 –que establece medidas de interés social frente a una emergencia sanitaria– que la Dirección General de Ingresos (DGI) acepte de forma excepcional pagos en especie.
Esta propuesta, aprobada ayer en tercer debate, establece que los pagos en especie deberán ser bienes que “sean necesarios adquirir para cualesquier institución del Estado y que estos no resulten más onerosos de bienes del mismo tipo que regularmente requieran las instituciones. Se requiere el visto bueno de la Contraloría General de la República, previa aceptación de la especie. Esta forma de pago será reglamentada por la Dirección Nacional de Ingresos” .
Bancos e intereses
La iniciativa también dispone que una vez se levante la emergencia, los bancos serán los que decidirán el plazo de suspensión del pago de las obligaciones que otorgarán a sus clientes. En un principio, el proyecto establecía que el plazo de suspensión “no pasara de los 30 días”.
También se incluyó una moratoria especial de un año para los créditos agropecuarios, cuyos intereses serán cubiertos a través de los recursos del Fondo Especial de Compensaciones de Intereses (Feci). La iniciativa faculta al Órgano Ejecutivo para que reglamente esta moratoria especial.
Los gobiernos locales
Otro de los artículos de este proyecto que fue presentado por la diputada Ana Giselle Rosas (CD), obliga al Ejecutivo a trabajar en conjunto con los gobiernos locales (alcaldes y representantes de corregimiento del país), mediante la Secretaría Nacional de la Descentralización. Esto, según el documento, para asegurar la adquisición de productos necesarios a fin de mitigar la propagación y el contagio de la pandemia.
Menciona, además, que se coordinará con los gobiernos locales las medidas de asistencia social que surjan producto de las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria.
Este proyecto también plantea que se podrá utilizar el financiamiento postelectoral de los candidatos electos por libre postulación para apoyar las medidas contempladas en la norma.
Rechazan iniciativa
Durante el segundo debate de esta iniciativa legislativa, el diputado independiente Juan Diego Vásquez trató de incluir una propuesta que facultaba al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la Nación para limitar el pago de los funcionarios públicos, cuyos salarios sean de más de $2 mil 500. La iniciativa de Vásquez proponía que los montos excedentes de estos sueldos se destinaran al fondo solidario destinado a mitigar la situación económica del país, producto del nuevo nuevo coronavirus. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los diputados.
Precisamente, el presidente Laurentino Cortizo anunció el pasado lunes que la próxima semana dará información de una iniciativa que busca destinar una parte del salario de todos los funcionarios que ganen más $1,000 al plan Panamá Solidario para ayudar a la población más vulnerable y a los que perdieron sus empleos por el Covid-19.