El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal participará este lunes 13 de julio en una audiencia de afectación de derechos solicitada por sus abogados, en el expediente que adelanta el Ministerio Público relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Caja de Ahorros (CA).
Es el caso de la presunta participación de Martinelli en la concesión de un préstamo de $9 millones al contratista original del centro de convenciones de Amador.
Roniel Ortiz, del equipo de abogados de Martinelli, confirmó que la audiencia se celebrará luego de que el Ministerio Público hiciera diligencias dentro de este proceso, “a pesar que el exmandatario está amparado por el principio de especialidad”, contemplado en el tratado de extradición pactado entre Estados Unidos y Panamá.
Ortiz aseguró que antes de hacer cualquier diligencia, el Ministerio Público debió acudir ante una juez de garantías para determinar si su cliente está amparado o no por el referido principio.
Recalcó que en este caso ya se presentó una advertencia a los fiscales sobre la existencia del principio de especialidad, pero que ahora corresponderá al juez de garantías analizar esta situación.
No obstante, desde el pasado 17 de enero reposa en el Ministerio Público una carta de la Cancillería en la que consta la posición oficial del Departamento de Estado estadounidense, que se resume en que el principio de especialidad ya no es aplicable a Martinelli.
Tras renunciar a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia para procesar al expresidente y remitió al Ministerio Público varias denuncias que mantenía en trámite hasta entonces.
Entre ellas están la investigación por el presunto cobro irregular de impuestos a través de la sociedad Cobranzas del Istmo; una denuncia presentada por Aurelio Camaño por la supuesta compra irregular de tierras en la provincia de Veraguas, y una denuncia por otorgar indultos a personas condenadas por delitos comunes.
Además, hay un caso que guarda relación con los contratos para el suministro de alimentos deshidratados, así como una denuncia presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores por el supuesto uso de información privilegiada para la compra de acciones de Petaquilla Minerals, a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific.