La investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción de Descarga por la transferencia de millonarias partidas circuitales que hicieron diputados a juntas comunales durante el período 2009-2014 se mantendrá como causa compleja, luego de que el Segundo Tribunal Superior rechazara una apelación de los abogados de los investigados a la decisión del Juzgado Quinto Penal, que la definió como compleja en febrero de 2019.
El fallo, con fecha del pasado 16 de diciembre de 2019, y que se hizo público esta semana, estima que contra la decisión del juez Enrique Paniza, de declarar compleja esa investigación, no cabe el recurso de apelación.
En la sentencia, el tribunal cita aspectos de los hallazgos de la fiscalía en este caso. Por ejemplo, se le atribuye responsabilidad a exfuncionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de la Dirección de Presupuesto de la Nación, por supuestamente haber utilizado el organigrama de funciones de la entidad para malversar fondos públicos por la suma de $3.3 millones.
En el caso también se investigan representantes de corregimientos, comerciantes, exdiputados, entre otros.
Avanza el caso
La Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó asignaciones presupuestarias “de manera desproporcionada” a juntas comunales, sin justificación o criterios técnicos.
Lo anterior está consignado en un informe del fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica, que sirvió para que el Segundo Tribunal Superior emitiera un fallo que mantuvo como causa compleja la investigación que adelanta el Ministerio Público por supuestas irregularidades en la transferencia de partidas circuitales que hicieron diputados del periodo 2009-2014 a las juntas comunales de la capital del país.
Decisión
El fallo, con fecha del 16 de diciembre de 2019, y bajo la ponencia de Zaida Cárdenas, magistrada suplente del Segundo Tribunal Superior, desestimó recursos de apelación –presentados por defensores de algunos de los procesados– al hecho de que el Juzgado Quinto Penal declarara el caso como causa compleja. Entre los que apelaron figuran abogados de exfuncionarios del MEF, toda vez que a sus representados se les formularon cargos por la supuesta comisión de peculado. La magistrada Cárdenas argumentó en su sentencia que hechos como estos (supuesta malversación de fondos públicos) no admiten el recurso de apelación.
En este caso, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga logró acreditar la autoría y participación de exfuncionarios del MEF y de las juntas comunales, entre ellos, representantes de corregimiento, así como también de comerciantes y personas naturales. La fiscalía también sustentó que en este proceso los funcionarios tenían “un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata del delito, pues contaban con la estructura ya establecida como parte del organigrama de funciones de la Dirección de Presupuesto de la Nación del MEF”. Por lo anterior, la Contraloría estimó un posible perjuicio económico al Estado de $3.3 millones.
El Segundo Tribunal Superior también revocó una decisión del Juzgado Quinto Penal que había dejado sin efecto las órdenes de indagatoria expedidas por la fiscalía contra tres exfuncionarios del MEF.
El caso
El 3 de agosto de 2018, el Juzgado Quinto Penal, a cargo de Enrique Paniza, admitió una solicitud del Ministerio Público para reabrir el caso, pero sólo de aquellas juntas comunales que se encuentran dentro del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, de las cuales es competente ese juzgado por motivo de circunscripción territorial.
La investigación surgió luego de que medios de comunicación publicaran reportajes en los que se advertía de supuestas irregularidades en la administración de fondos públicos que fueron trasladados por diputados a juntas comunales y municipios en todo el país. En 2015, la investigación fue suspendida provisionalmente por falta de una auditoría. Pero todo cambió cuando en marzo de 2018, el contralor Federico Humbert reveló al país que auditorías de su institución detectaron posibles irregularidades en las partidas circuitales que transfirieron diputados, con el aval del MEF, a 187 juntas comunales.
En un informe que emitió el Ministerio Público en diciembre de 2019, en el que advirtió que el caso estaba parado, se informó que la fiscalía tiene pendiente varias diligencias. Por ejemplo, consultar al Tribunal Electoral si después de la formulación de cargos (21 de diciembre de 2018) y luego de que se emitiera la providencia de indagatoria, algunos de los investigados adquirieron fuero electoral, y ver qué estatus tienen hoy. Además, tiene que incorporar una auditoría de la Contraloría correspondiente a la “empresa Dutary Sport, y demás relacionados”. El informe no da detalles del vínculo de esta compañía con el caso. Pero, Dutary Sport está vinculada al caso Pandeportes, relacionado con la aprobación de cientos de miles de dólares para la compra de implementos deportivos –canalizados a través de diputados– que no llegaron a sus destinatarios. Esta empresa fue una de las más beneficiadas –$763 mil–, y Franz Wever Guerra –hijo del entonces secretario general de la Asamblea y presidente de la Liga Provincial de Béisbol de Panamá Metro– figuraba como el agente residente.
La fiscalía también debe formular cargos en contra de los representantes legales, propietarios de sociedades proveedoras y particulares “que brindaron supuestos servicios profesionales a las diferentes juntas comunales”. Además, tiene que remitir copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a diputados que se mencionan en la pesquisa. Debe formular cargos en contra de exdiputados relacionados con los hechos investigados, y solicitar información personal y bancaria de los imputados.
Fondos
La Contraloría General de la República estimó que en este caso se habría incurrido en una lesión de $3.3 millones, fondos que fueron remitidos a juntas comunales de la capital para la supuesta realización de obras de diputados del periodo 2009-2014.