El Juzgado Decimosegundo Penal, que analizaba el caso Odebrecht, cerró sus puertas ayer con al menos 40 recursos por resolver relacionados al expediente, entre ellos la petición del expresidente Ricardo Martinelli de que se le reconozca el principio de especialidad en el proceso.
Ahora, de acuerdo al Órgano Judicial, le corresponderá a la jueza Baloisa Marquínez, encargada del Juzgado Tercero Liquidador, asumir el conocimiento de estos recursos. Mientras que el Segundo Tribunal de Justicia deberá enviar a ese juzgado liquidador otros 20 incidentes y recursos presentados por distintas partes del proceso, que se encuentran en apelación ante esa instancia.
Antes de cerrar la oficina, el juez Óscar Carrasquilla debió levantar un acta con todos los casos registrados en ese despacho y remitirlos a los juzgados liquidadores. El cierre de este juzgado obedece a la transición propia del sistema inquisitivo al penal acusatorio.
Odebrecht: la pesada carga de heredar un caso emblema
El cierre del Juzgado Decimosegundo Penal que analizaba el caso Odebrecht y el traspaso de este expediente al Juzgado Tercero de Liquidación, a cargo de Baloisa Marquínez, tiene en alerta a abogados ligados al proceso.
Uno de ellos es el excontralor Alvin Weeden, quien en 2015 presentó la denuncia del caso ante el Ministerio Público. Weeden considera que es “poco prudente” enviar esta investigación a un nuevo juzgado en momentos en que la Fiscalía Especial Anticorrupción está en la etapa final de la pesquisa.
Estima que aunque la jueza Marquínez “tiene una trayectoria de seriedad” en el Órgano Judicial, ahora tendrá que trabajar jornadas extraordinarias, primero para conocer el expediente, y luego para resolver cualquier recurso que le presenten. Añade que para esta jueza “será muy complicado” comprender toda la trama, y considera “extraña” la decisión enviar ese expediente a ese juzgado en estos momentos.
Mientras que Carlos Carrillo, del equipo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli y sus hijos, señala que le preocupa la asignación de este caso a un juzgado que no existía cuando se inició la investigación. A su juicio, esta decisión no es viable jurídicamente. Carrillo también advierte que lo voluminoso del expediente y las limitaciones administrativas propias del sistema de justicia podrían hacer que el juzgado colapse. Recuerda que el Juzgado Tercero Liquidador es responsable del trámite de otros casos relacionados a blanqueo de capitales, tan complejos como el de Odebrecht.
Ese juzgado, por ejemplo, debe resolver el caso Blue Apple. Carrillo considera que esta situación puede perjudicar el derecho a defensa de las personas imputadas.
En tanto, Rosendo Miranda, abogado del exministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, también estima que el manejo de este expediente será muy complicado para la nueva jueza.
Recuerda que el hasta ayer juez decimosegundo penal Óscar Carrasquilla tramitaba el expediente desde el comienzo, y Marquínez deberá comenzar desde cero el análisis de los más de mil tomos de expediente. Otro que también se refirió al futuro del caso fue Orlando Castillo, quien representa al médico Jaime Lasso, otro de los imputados por la supuesta comisión de blanqueo de capitales. Plantea que los jueces liquidadores están saturados en expedientes.
Castillo detalla, además, que tres juzgados liquidadores deberán asumir los procesos de 18 juzgado penales con miles de expedientes en diferentes fases. Considera importante que estos tribunales sean dotados de personal y equipo. Recuerda que en el Ministerio Público este proceso tiene asignadas a tres fiscales para la investigación, y que la complejidad de su manejo hará más difícil que una nueva jueza pueda asumir su conocimiento.
Según datos de la Fiscalía Especial Anticorrupción que lleva el caso, este expediente tiene por lo menos 1,067 tomos de investigación, en los que hay decenas de asistencias internacionales. En el caso, hasta ahora se le han formulado cargos a 88 personas por la supuesta comisión de blanqueo de capitales. Sin embargo, el procurador Eduardo Ulloa aseguró la semana pasada en la Asamblea Nacional que el caso podría cerrar con más de 90 imputados. En este proceso la fiscalía ha dado respuesta a por lo menos 210 incidentes presentados por los abogados defensores.
Varela en la fiscalía
Mientras que ayer el expresidente Juan Carlos Varela, uno de los investigados, acudió a la fiscalía a ampliar indagatoria. Llegó a las 8:30 a.m. y salió de ese despacho a las 2:45 p.m. Se trata de la quinta ocasión en la que el exmandatario acude a responder preguntas sobre la pesquisa. Varela compareció por primera vez al proceso el pasado 2 de julio.
