Tras el cierre del Juzgado Undécimo Penal el 30 de noviembre, el proceso que sigue la Fiscalía Especial Anticorrupción por presunto blanqueo de capitales y peculado a través del contrato otorgado a la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) para la construcción de la fase II del Corredor Vía Brasil será tramitado por el Juzgado Tercero Liquidador.
Así lo confirmaron a este diario fuentes del Ministerio Público, las cuales detallaron que por este caso la fiscalía formuló cargos a 14 personas. Se trata de un expediente de casi 100 tomos.
La investigación se inició en 2017 a partir de una auditoría de la Contraloría General de la República que dio cuenta de un posible sobreprecio de $41 millones.
Según las fuentes, a este mismo juzgado será enviado el expediente del presunto pago de sobornos y blanqueo de capitales en el proyecto de remodelación del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, asignado a FCC y a la brasileña Odebrecht.
Esta investigación también se inició en 2017 por una auditoria de la Contraloría, que advirtió un posible sobrecosto de $51 millones.
El Juzgado Tercero Liquidador también tramita el caso de los sobornos que pagó Odebrecht en el país, el de los llamados Panama Papers, el de Petroecuador, Blue Apple y New Business, todos por presunto lavado de dinero.
Solo en el caso Odebrecht el juzgado debe revisar mil 120 tomos del expediente, incluidas las declaraciones de 102 imputados.
Otro caso de gran complejidad por el número de imputados y diligencias realizadas es Blue Apple, que guarda relación con el presunto pago de coimas de contratistas del Estado a funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) para obtener contratos. En este expediente, de unos 200 tomos, hay 62 imputados.
El caso de Petroecuador tiene que ver con presunto blanqueo de capitales a través de la creación de sociedades offshore para el manejo de fondos provenientes de dicha empresa. Con más de 100 tomos, en este caso hay 23 imputados.
A juicio del exjuez Raúl Olmos, el Juzgado Tercero Liquidados tiene un inmenso desafío. Solo en el caso Odebrecht, dijo, la realización de la audiencia preliminar requerirá de una gran capacidad estructural, así como asistentes que analicen el expediente y que la jueza Baloisa Marquínez esté dedicada al proceso varias semanas.
