Ocho días después de que se publicara en Gaceta Oficial la sanción presidencial de la Ley 172 que crea 11 nuevos corregimientos en la provincia de Bocas del Toro, habitantes de Cauchero, la comunidad que fue anexada a Almirante, se trasladaron a la ciudad de Panamá en busca de asesoría legal para presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia.
Danilo Ábrego, activista de Cauchero, y Ernesto Sánchez, vicealcalde de Isla Colón, forman parte de la comitiva que ayer se reunió con abogados conocedores de la materia. “El diputado Benicio Robinson, al separar a Cauchero del distrito de Bocas del Toro, no cumplió con los procedimientos. No se realizó una consulta ciudadana, y el presidente de la República [Laurentino Cortizo] nunca nos pudo mostrar un documento que muestre que Benicio haya hecho la consulta. Nosotros no entendemos las razones por las que el presidente sancionó esa ley, sabiendo que no se cumplió con los procedimientos legales”, aseguró Ábrego.
Contó que en Cauchero, la gente está molesta y con ganas de salir a la calle a protestar. Sin embargo, añadió que estas actividades pondrían en riesgo a la población, por lo que prefieren el camino de los tribunales para hacerle frente a la Ley 172 de 2020.
Mientras que ayer, el presidente Cortizo, en una conferencia de prensa en Coclé, manifestó que un tema que espera que se debata en el diálogo del bicentenario es la propuesta de una legislación “para minimizar la creación de nuevos corregimientos”.
El pasado miércoles, el ciudadano Alexis Sánchez pidió a la Asamblea Nacional, organismo que está bajo el mando del oficialista PRD, que le suministre copia de un informe que elaboró la Comisión Nacional sobre Límites Político - Administrativos, que debe vigilar el cumplimiento de las normas al momento de crear nuevos corregimientos, para saber saber si la Ley 172 cumplió con los procedimientos.